Un “preso federal” controlaba la comisaría para su delivery de drogas en Posadas

Un preso con causas federales aparece como el organizador de una banda de “dealers” (o distribuidores) con asiento en Posadas, y con el respaldo logístico de policías que custodiaban su permanencia en una de las celdas de encausados en la Seccional Segunda de la capital misionera.

También se le atribuye al “capo narco” aceitados contactos con otros presos de una cárcel de Resistencia, Chaco, en la organización de reclutamiento y contrabando de drogas desde el Paraguay, hacia esta provincia de frontera y posiblemente hacia otras jurisdicciones del país. Pero, por ahora, todo se concentra en el “narcomenudeo” en el Gran Posadas.

Es lo que se desprende de las primeras investigaciones que realizó la Gendarmería Nacional, con la supervisión del juzgado Federal de Posadas que conduce la doctora Verónica Skanata. El trabajo de inteligencia desembocó esta madrugada de miércoles con el allanamiento de la Seccional Segunda de la avenida Tambor de Tacuarí y la detención de un suboficial de la Policía provincial, de apellido Sotelo; además de una decena de personas que se dedicarían al “narcomenudeo” en distintos puntos de la ciudad. Hay varias mujeres entre los detenidos, decomiso de drogas, y otros elementos que aportan pruebas a la causa.

También fueron separados de su cargo el jefe y subjefe de la Seccional y prestarán declaración ante la Justicia Federal como “testigos sospechosos” en la causa, donde todavía no se tiene en claro si eran “partícipes necesarios” de la banda, o si decididamente desconocían los “negocios” que se tejían desde la celda de su propia comisaría por negligencia u imprevisión en sus funciones. Como sea, los jefes están más que incómodos en la investigación y podrían terminar procesados.

Por lo pronto, trascendió en tribunales que hay varias horas de escuchas telefónicas a más de 50 móviles y teléfonos fijos que ejecutaron los gendarmes, bajo el conocimiento de la jueza Skanata.

Por eso los primeros en ser descubiertos son el “preso narco” y el suboficial Sotelo, quien aparece como el contacto más directo que tenía el interno para acceder a una cadena de beneficios que facilitaban sus negocios con las drogas.

En los allanamientos, la Gendarmería secuestró varios teléfonos en la celda del “preso narco”; los móviles de Sotelo, de los policías de guardias y también de los miembros de la cúpula de la Seccional.
Del mismo modo, se informó que se incautó el libro de guardias y documentaciones varias, que tienen que ver con el régimen de presos federales en esa cárcel provincial, como el esquema de trabajo de todos los uniformados de la Seccional.

Los comisarios están en libertad, supeditados a la causa federal, y puestos a disponibilidad hasta que se esclarezca sus situaciones. En la Jefatura de Policía dieron la orden de colaborar con la investigación, y admiten –por lo bajo- que recién se enteraron de las pesquisas no hace más de un par de semanas.

Sotelo aparece más que complicado en la averiguación, no sólo por oficiar de presunto “facilitador” y “cómplice” de los privilegios que ostentaba el preso, sino también por su presunta actividad en la distribución de pequeñas cantidades de drogas a consumidores. Algunas fuentes dicen que el suboficial tenía un taxi para hacer su supuesta tarea de distribución y se lo señala también como “consumidor social” de drogas.

La actuación de la Gendarmería Nacional

La Gendarmería inició la causa hace ya varios meses. El seguimiento a una cuadrilla de “dealers” con antecedentes, la aparición del policía Sotelo como presunto brazo de la misma organización, hicieron que los federales pidieran la autorización de las escuchas telefónicas.

Por lo general, en este tipo de casos, cuando una fuerza nacional termina metiéndose en jurisdicción de la Policía local -con uniformados bajo sospecha-, suele haber una comunicación institucional de camaradería, para evitar cruces y recelos entre federales y el Gobierno provincial.

Se especula entonces que el Ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez, estaba al “corriente” de la investigación y puso a disposición de la Justicia Federal toda la predisposición política e institucional para que la investigación avance sin la injerencia de la Jefatura.

En la cúpula del Gobierno no perciben que el allanamiento a la histórica Seccional posadeña provoque una profunda “mirada social negativa” sobre el caso. En los últimos tiempos, sostienen que es mejor que salgan a la luz todos los hechos de corrupción que se cometan en la fuerza, y utilizar cada una de esas sensibles investigaciones como “mecanismo de depuración” y “advertencia de mano dura” en la persecución de los malos policías.

Pero también advierten, desde el oficialismo, que la estadía de “presos federales” en dependencias provinciales no hace más que exponer la desidia y la inoperancia del Gobierno nacional para hacerse cargo de la responsabilidad y competencia que exponen, desde hace décadas, para albergar a los internos de la Justicia Federal en sus propias cárceles o dependencias.

Una ausencia del Estado nacional o de políticas penitenciarias federales para abrir cárceles con procesos abiertos y sin condenas, ya que la única Unidad Penitenciaria Federal está en Candelaria, y allí no se admite a los reos que aún no cuentan con sentencias firmas en sus procesos. Por eso terminan acumulando presos de jurisdicción federal, en las pequeñas celdas de las comisarías provinciales, con los riesgos que eso impone en la convivencia con funcionarios que no están preparados para custodiar a delincuentes con fuertes lazos con el narcotráfico y poderosas organizaciones delictivas que operan en la frontera.

Misionescuatro