REFLEXIÓN DE DOMINGO CUANDO LA JUSTICIA TARDA, LA CORRUPCIÓN GANA TIEMPO

Esta semana quiero cerrar con una reflexión sobre algo que seguramente muchos argentinos alguna vez nos preguntamos:

¿qué pasa cuando una causa por presunta corrupción necesita diez, quince o hasta veinte años para llegar a una definición?

El tema surgió esta semana durante una entrevista que mantuvimos en Radio Yguazú con la exdiputada nacional Margarita Stolbizer. Ella cuestionó la excesiva duración de este tipo de procesos y planteó que esa demora puede terminar favoreciendo situaciones de impunidad.

Y me quedé pensando en eso.

No en Stolbizer.

No en un partido político.

No en un gobierno determinado.

En nosotros. En la Argentina.

Porque llevamos décadas escuchando hablar de corrupción.

Cambian los gobiernos. Cambian los funcionarios. Cambian los partidos. Cambian los nombres.

Pero muchas veces queda la misma sensación: las denuncias ocupan las primeras planas, provocan indignación durante algunos meses y después comienzan los años de expedientes, recursos, apelaciones y discusiones judiciales.

Hasta que un día casi nadie recuerda cómo había comenzado todo.

Por supuesto que la Justicia necesita tiempo.

Hay que investigar, producir pruebas, garantizar el derecho de defensa y evitar que una persona sea condenada solamente porque alguien la denunció.

Una denuncia no convierte a nadie en culpable.

Precisamente por eso necesitamos que las causas lleguen a una definición.

Si alguien robó dinero público, que se demuestre y reciba la condena correspondiente.

Y si alguien fue acusado injustamente, que también exista una sentencia que permita terminar con esa sospecha.

Lo preocupante es permanecer durante décadas en el medio.

Ni culpable.

Ni inocente definitivamente.

Simplemente esperando.

Y cuando eso se repite una y otra vez comienza a producirse algo quizás todavía más grave que el propio expediente judicial:

la sociedad empieza a desconfiar del sistema.

Empieza a instalarse la idea de que quien llega al poder puede hacer prácticamente cualquier cosa porque después habrá abogados, apelaciones, recursos y años suficientes para que todo termine diluyéndose.

Y esa percepción es peligrosísima.

Porque entonces alguien puede preguntarse:

“Si los de arriba pueden hacerlo y aparentemente nunca pasa nada, ¿por qué yo tengo que cumplir todas las reglas?”

Ahí la corrupción deja de ser solamente un problema de funcionarios.

Se convierte en un problema cultural.

Y también debemos reconocer otra contradicción.

Muchas veces queremos una Justicia rápida cuando investigan al político que no nos gusta.

Pero cuando investigan al que pensamos parecido a nosotros, inmediatamente encontramos explicaciones.

Así tampoco funciona una República.

La corrupción no debería tener camiseta política.

La misma vara debería servir para todos.

No necesitamos condenas anticipadas desde los medios.

Tampoco absoluciones anticipadas desde la política.

Necesitamos investigaciones serias, juicios públicos, pruebas, defensa y finalmente una sentencia.

Pero una sentencia que llegue en un tiempo razonable.

Porque veinte años después, incluso cuando finalmente aparece una condena o una absolución, posiblemente una parte importante del daño institucional ya esté hecha.

Por eso quizás la pregunta de este domingo no debería ser solamente cuánta corrupción existe en la Argentina.

Deberíamos preguntarnos algo todavía más incómodo:

¿qué le pasa a una sociedad cuando comienza a convencerse de que la corrupción no tiene consecuencias?

Porque cuando perdemos esa confianza, no solamente podemos perder dinero público.

Perdemos respeto por las instituciones.

Perdemos confianza en la Justicia.

Y, finalmente, empezamos a perder el límite entre aquello que está mal y aquello que simplemente creemos que nunca será castigado.