Otro “pasivo oculto”: alarma por la deuda comercial

Además de deuda del Tesoro por bonos en pesos, pero dolarizada o indexada por inflación por unos US$ 80.000 millones a pagar en 2024 (unos 21.500 millones en el primer trimestre), deuda del BCRA con la banca privada de casi $20 billones (millones de millones), que genera casi $2 billones de intereses al mes, y una recaudación fiscal mordisqueada por adelantos impositivos que capturó la actual gestión, el Gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre tendrá que vérselas con un enorme “pasivo oculto”: casi US$ 42.000 millones de importaciones ya realizadas e ingresadas, pero pagadas con dólares de los importadores o financiadas por sus casas matrices o proveedores del exterior.

Se trata de deuda privada, pero también de un compromiso del BCRA, que en el futuro debe entregar los correspondientes dólares a cambio de pesos de los importadores al tipo de cambio del momento en que eso suceda.

Es un compromiso pesado y en los últimos meses se agrandó. Más aún, Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez, economistas del equipo del IERAL que elaboró el plan que Carlos Melconian puso a disposición de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, estiman que el ritmo de aumento de ese pasivo se habría vuelto a acelerar tras la devaluación post-PASO del lunes 14 de agosto.

Los investigadores refieren que la nueva versión del “Programa de Incremento Exportador”, más conocido como “dólar soja”, al disponer que los exportadores del complejo sojero tengan “libre disponibilidad” de divisas por 25% del valor que exporten, implica un tipo de cambio promedio de $453 por dólar, casi 30% superior al previo, porque apunta a un objetivo: aumentar a cerca de US$ 2.000 millones las liquidaciones de septiembre.

La nueva versión permite a los exportadores “anotar” ventas hasta septiembre de 2024, pagando los derechos de exportación correspondientes. Al respecto, Diana Mondino, economista y candidata a diputada por La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, dijo en el reciente Latam Forum 2023, que la voracidad fiscal del Gobierno llega al punto que “ya cobró retenciones de una cosecha que todavía no se sembró”. Otra forma de vaciar el futuro.

El nuevo mecanismo, sospechan Vasconcelos y Gutiérrez, obedece también a los límites que tiene el Gobierno para intervenir en el mercado cambiario. Desde la devaluación, el BCRA acumula compras por poco más de US$ 1.150 millones, pero a la vez habría alcanzado un récord en las intervenciones vendedoras en el “dólar bolsa”, o MEP, por cerca de US$ 1.000 millones, más de cuatro veces el promedio mensual previo.

La contrapartida de las intervenciones vendedoras del Central es la merma en dólares disponibles para pagar importaciones, una cada vez mayor mora del pago de SIRAs ya autorizadas y la emisión nuevas SIRAs sin fecha de pago. Esto es, el Gobierno patea la entrega de dólares a cambio de pesos para pagar la deuda comercial asumida por los importadores.

Vasconcelos y Gutiérrez calcularon que la deuda comercial de los importadores (y el compromiso del BCRA con las empresas de darles las divisas correspondientes) habría aumentado US$ 2.770 millones solo en agosto, acumulando US$ 10.000 millones en lo que va del año.

 

Que pague el que sigue

Según esas estimaciones, el stock de deuda por importaciones sería ya de US$ 41.921 millones, 84% por sobre el stock promedio del período 2017-2021. La consultora Empiria divulgó estimaciones similares, en base a las mismas fuentes, el BCRA y el INDEC.

El paper del IERAL evidencia “lo insostenible de esta dinámica” en un gráfico en el que muestra que, con vaivenes, entre junio de 2022 y abril de 2023, por cada US$ 100 de importación se pagaban entre US$ 80 y 90, acumulando deuda comercial a ese ritmo, pero en abril se inició “un tobogán”, hasta llegar a solo US$ 59 pagados por cada US$ 100 importados.

De resultas, el “pasivo oculto” ya casi equivale a la deuda con el FMI, que el actual gobierno básicamente pedaleó gracias al acuerdo firmado en marzo de 2022 por el exministro Martín Guzmán.
El aumento de la deuda comercial tiene otra vertiente: el uso de los yuanes del “canje” de monedas con China para pagar importaciones. Hasta inicios de septiembre, ese uso se estimaba en US$ 2.200 millones, pero tras los anuncios de Economía de liberación de SIRAs para pymes, Vasconcelos y Gutiérrez calcularon que esos compromisos se acumulan a un ritmo de US$ 25 millones diarios.

Dada la mayor liberación reciente de yuanes para financiar importaciones, y como ya se usaron casi US$ 2.000 millones para pagar a tenedores de bonos y al propio FMI, solo quedarían disponible unos US$ 800 millones del primer tramo del swap de monedas con China.

De no autorizarse el segundo tramo (equivalente a otros US$ 5.000 millones), concluyen los autores del estudio, las importaciones se quedarán sin nafta oficial.

Permanecerá, eso sí, el “pasivo oculto”, renovada versión del “que pague el que sigue”.

 

Dura advertencia

El fallo de la justicia norteamericana, que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, cayó como una verdadera bomba sobre el cierre de la semana. Significa otra gran mochila para el Gobierno que asuma el 10 de diciembre, pero además consolida una idea ya muy arraigada en el mundo de las inversiones: en la Argentina no se respetan los contratos.

Es altamente probable que se repita la historia relacionada con los holdouts, es decir los fondos buitre que no aceptaron los canjes de deuda efectuados por el kirchnerismo. Luego de varias apelaciones finalmente llegó el fallo definitivo y en el medio una serie de medidas cautelares embargando activos argentinos alrededor del mundo, incluyendo la fragata Libertad.

Al final, fue el gobierno de Mauricio Macri el que terminó pagando cash a los fondos que habían demandado a la Argentina, pero colocando deuda por más de US$ 15.000 millones. La historia está muy cerca de repetirse y por montos similares, esta vez a favor del fondo Burford, que compró el derecho de litigar por la expropiación de la empresa.

Un rato antes del fallo, también en Nueva York se reunieron los financistas Darío Epstein y Juan Nápoli con cerca de 40 banqueros, muchos de ellos argentinos que trabajan hace décadas en Manhattan. El mensaje de los ejecutivos de Wall Street no dejó margen para dudas: “Para Argentina no hay un solo dólar”.

 

 

Ninguna posibilidad

El mensaje va mucho más allá de la propuesta de dolarización que impulsa Javier Milei. El mundo de las finanzas tiene claro que hoy no existe ninguna posibilidad de negociar préstamos millonarios para llevar adelante semejante apuesta. Argentina ya hace varios años que se quedó sin crédito externo, tampoco tiene margen para aumentar el endeudamiento interno y ya hace un tiempo se agotó la última opción que quedaba para tapar los agujeros financieros: la emisión monetaria.

En estas condiciones, la opción dolarizadora que expresa Milei es inviable y seguramente quede como eslogan de campaña. No sería algo extraño en la política argentina: Alberto Fernández prometió en la previa electoral que le pagaría a los jubilados con los intereses de las Leliq. Y cuatro años antes Macri aseguraba que lo más fácil en su gobierno sería bajar la inflación.

Los emisarios de Milei dejaron en claro ante sus interlocutores en Nueva York que un posible plan económico aún está en veremos y que no hay equipo confirmado. Tiene lógica, porque la gran victoria alcanzada en la PASO sorprendió a todo el mundo político, incluyendo a los propios libertarios, que no esperaban semejante ventaja.

El “círculo rojo” ya da por seguro que Milei llegará al balotaje y hace los cálculos para entender si está cerca de ganar en primera vuelta. Para eso debería obtener por lo menos diez puntos más que en las PASO (para superar el 40% de los votos) y además sacarle al menos diez puntos de ventaja a quien salga segundo. Ninguna de las dos condiciones está asegurada, ni mucho menos.

 

La apuesta de Massa

La apuesta del ministro de Economía y candidato presidencial es prolongar todo lo posible esta tranquilidad cambiaria, pero no hay nada asegurado. El dólar soja termina el 30 de septiembre y en octubre se espera fuerte presión dolarizadora, en las últimas tres semanas previas a las elecciones presidenciales.

Esto le sucedió también en la previa a las PASO, cuando el tipo de cambio pasó de $500 a $600 en pocas jornadas. Ahora la incógnita es si el Central conservará poder de fuego para enfrentar esa mayor demanda de divisas, que ocurre siempre en los procesos electorales y esta vez no será la excepción.

La estrategia de Massa es clara: mantener el dólar a raya y al mismo tiempo mejorar los ingresos, aunque a costa de una mayor emisión monetaria. El deterioro de las variables macro se sigue profundizando: la inflación se ubica en dos dígitos, la brecha cambiaria se mantiene arriba del 100% y las reservas netas del BCRA son fuertemente negativas.

 

Empresarios con los tapones de punta

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a los accionistas y directivos de las empresas más importantes de las empresas más grandes y poderosas del país, emitió hoy un comunicado de tono crítico en que resaltó, desde el título: “El sector privado es clave para el desarrollo”.

“Los empresarios miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) comparten con la sociedad este documento que expresa la convicción central de la entidad: El desarrollo económico y social de la Argentina depende de que puedan movilizarse plenamente las potencialidades y energías del sector privado”, dice el primer párrafo del comunicado.

A cinco semanas de la elección presidencial del 22 de octubre, los empresarios subrayaron que para lograr el desarrollo del país es imprescindible “el pleno respeto a las instituciones de la República consagradas en nuestra Constitución Nacional” y “la extraordinaria relevancia del principio constitucional de la división de poderes, de contar con una Justicia independiente, así como de garantizar la libertad de expresión”.

Además, condenaron que la Argentina viva “desde hace largos años con el flagelo de la alta inflación, con déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas como son los controles de precios, o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior; por solo nombrar algunas anomalías”.

En su pasaje más enfático, el comunicado de prensa afirma: “Son las empresas las que, a pesar de los altibajos de la economía, han invertido en el país durante décadas. Son las empresas las principales generadoras de empleo para los argentinos. Son las empresas las que producen bienes y servicios que abastecen el mercado interno y exportan al resto del mundo, generando divisas para el país. Son las empresas las que, junto con los ciudadanos, con sus impuestos, sostienen el funcionamiento del Estado. Sin empresas no hay país”.

A cuatro décadas de la recuperación de la democracia y en un año en el que se celebran elecciones de autoridades políticas que dirigirán los destinos del país, cierra el mensaje de la poderosa agrupación empresarial, “reiteramos nuestro compromiso con la Argentina y con su desarrollo económico y social”.

El documento de la agrupación empresaria considera “fundamental garantizar la previsibilidad y estabilidad en las reglas del juego”. Señala, además, que “la injerencia del Estado en el ámbito propio de la actividad privada ha dado siempre el mismo resultado negativo: menor competitividad y retracción de las inversiones. Las consecuencias para la Argentina de este tipo de prácticas han sido el estancamiento económico y el deterioro social, impactando especialmente en los sectores más desfavorecidos”.

 

Fuente: Primera Edición