Marcela Pagano presentó una denuncia penal por el ingreso de Flávio Bolsonaro a Puerto Iguazú
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen posibles irregularidades en el ingreso a la Argentina del senador brasileño Flávio Bolsonaro y su posterior salida del país en un avión privado.
La presentación judicial, anunciada este miércoles 28 de octubre, busca determinar si existieron responsabilidades de funcionarios argentinos en el desplazamiento del dirigente brasileño, quien, según sostuvo la legisladora, tenía una prohibición judicial de abandonar Brasil dispuesta por el Supremo Tribunal Federal (STF).
La denuncia pone bajo la lupa los controles migratorios realizados en el Puente Internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, y los procedimientos desarrollados en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, desde donde habría partido el senador en una aeronave privada.
Pagano solicitó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad de ambos pasos internacionales, además de requerir los planes de vuelo, la nómina de pasajeros y el contrato del servicio aéreo utilizado para trasladar al dirigente brasileño.
El objetivo es reconstruir el recorrido de Bolsonaro por territorio argentino, establecer qué controles se realizaron y determinar si existieron autorizaciones o intervenciones de funcionarios públicos que facilitaron su desplazamiento.
La legisladora también cuestionó las primeras informaciones atribuidas a las autoridades argentinas, que durante el martes habrían asegurado que no existían registros migratorios del ingreso del senador brasileño.
“Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, expresó Pagano a través de su cuenta de X, al fundamentar sus sospechas sobre la actuación de los organismos responsables de los controles fronterizos y aeroportuarios.
La denuncia abre un nuevo capítulo judicial en un episodio de repercusión internacional que coloca a Puerto Iguazú en el centro de la controversia.
Ahora será la Justicia Federal la encargada de evaluar la presentación, verificar las circunstancias del presunto ingreso y salida del dirigente brasileño y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales.
Hasta el momento, los hechos denunciados constituyen sospechas planteadas por la legisladora y no responsabilidades judicialmente acreditadas.
