LA INJUSTICIA DE LA JUSTICIA
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Columna de opinión – Mario Andrés Antonowicz
Tengo 58 años y, por primera vez en mi vida, tuve que acudir a un juzgado para realizar un trámite relacionado con una denuncia que involucra a una importante entidad bancaria.
Pero hoy no quiero hablar del banco ni del fondo de esa denuncia. Quiero hablar de algo que me preocupa mucho más: el funcionamiento de nuestra Justicia.
Y antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Mi crítica no está dirigida a las personas que trabajan en el Poder Judicial. Por el contrario, en el Juzgado de Instrucción N.º 3 me atendieron con mucha amabilidad, respeto y eficiencia. Mi cuestionamiento apunta a los procedimientos, a las normas y a una burocracia que parece complicarle la vida al ciudadano.
Les cuento brevemente lo que me pasó.
Hace poco más de dos meses radiqué una denuncia en una comisaría de Puerto Iguazú por un hecho que considero una estafa en mi perjuicio.
Mi declaración ocupó cuatro carillas. Cuando terminé, la Policía me entregó solamente un certificado de la denuncia, pero no una copia de lo que había declarado.
Cuando consulté con un abogado para iniciar las acciones legales correspondientes, me pidió la denuncia completa.
Entonces comenzó mi peregrinaje.
Fui a la comisaría donde había denunciado. Me dijeron que las actuaciones habían sido enviadas a otra dependencia policial, correspondiente a mi domicilio.
Fui hasta allí y tampoco conseguí la documentación.
Así pasaron prácticamente dos meses, hasta que finalmente la denuncia llegó al ámbito judicial.
Me presenté en el juzgado, donde me indicaron que debía subir al segundo piso, solicitar una autorización, bajar nuevamente, pagar casi seis mil pesos y esperar otras 72 horas para obtener una copia de aquellas cuatro carillas que yo mismo había declarado.
Y acá viene mi pregunta:
¿Por qué tanta burocracia para algo tan sencillo?
¿Por qué no entregarle al denunciante una copia de su declaración en la misma comisaría, incluso cobrando allí la tasa correspondiente, si fuera necesario?
Mientras tanto, la Policía y la Justicia podrían continuar con todos los procedimientos legales establecidos.
Porque una cosa es el tiempo que necesita una investigación judicial y otra muy distinta es tener que esperar dos meses para conseguir una simple copia de una denuncia.
Y entonces uno comienza a entender por qué algunos procesos judiciales pueden demorar diez, veinte o hasta treinta años.
Pero hay algo que me preocupa todavía más.
Yo pude consultar a un abogado, recorrer comisarías, ir al juzgado y pagar una tasa.
¿Qué pasa con el ciudadano que no tiene dinero, que no puede faltar al trabajo o que simplemente desconoce estos procedimientos?
¿Cuántas personas terminan abandonando sus reclamos porque el camino para acceder a la Justicia resulta demasiado complicado?
No estoy pidiendo que se eliminen controles ni procedimientos legales. Estoy pidiendo sentido común.
La Justicia debe ser accesible, rápida en sus trámites y cercana a la gente.
Porque la injusticia no solamente aparece cuando una sentencia es equivocada o cuando un delito queda impune.
También existe injusticia cuando el propio sistema le pone obstáculos al ciudadano que busca defender sus derechos.
Y mientras esto no cambie, seguiremos acumulando bronca, incertidumbre y desconfianza hacia nuestras instituciones.
Porque una Justicia que llega tarde es preocupante.
Pero una Justicia a la que cuesta tanto acceder también es una forma de injusticia.
