«La denuncia penal a IMAS lo realicé en carácter de vecino», expresó Gustavo Fernández, abogado local
El Abogado local Gustavo Fernández, realizó una denuncia penal solicitando que se inicie una investigación y determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público, del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) y del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC).
En comunicación con Radio Yguazú Misiones, indicó que la denuncia realizó en carácter de ciudadano y damnificado como todos los habitantes de Puerto Iguazú y fue radicada en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Nº3 de nuestra ciudad. Ahora el Fiscal y el Juez del Juzgado mencionado anteriormente son quienes tienen que decidir si consideran que pudo haber ilícito, delito penal por parte de algún funcionario e iniciar una investigación y ordenar las medidas que crean necesarias.
Asimismo, mencionó que cumplió con su deber de ciudadano de denunciar un hecho de público y notorio conocimiento, que fue el corte prácticamente total del suministro durante casi una semana y coincidió con el período de semana santa, lo cual trajo innumerables conflictos, pérdidas para el empresariado local, perjuicios en la salud de la población, molestias, conflictos sociales y cree que realmente los funcionarios que están a cargo del organismo del agua tienen que dar algún tipo de explicación.
Ante la consulta, de qué consecuencias puede tener para los funcionarios, la denuncia radicada, explicó que “ la figura del Código Penal, Artículo 249 prevé una multa pero tal vez lo más grave es la inhabilitación para ejercer cargos públicos que puede ser desde 1 mes a 1 año y está dirigido para los funcionarios públicos que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio».
Además, añadió que “la Justicia Penal va a determinar si hubo responsabilidad penal de parte de algún funcionario público y si la hubo cualquier ciudadano u organización representante de los intereses de los ciudadanos puede presentar una demanda de daños y perjuicios”.
Y agregó que “lamentablemente no tenemos organizaciones civiles que defienden los intereses de los usuarios y consumidores y tampoco tenemos la figura del Defensor del Pueblo”.
Gustavo luego del diálogo telefónico, tuvo la gentileza de comunicarnos que no está prevista la figura del Defensor del Pueblo en la Carta Orgánica de Puerto Iguazú, para poder tener uno se tendría que reformar la misma a través de una Convención Constituyente o del procedimiento de enmienda.
