Esposado y con un fuerte operativo de seguridad, Kiczka fue traído a Misiones por la Policía
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En medio de un fuerte operativo de seguridad, el diputado puertista-libertario Germán Kiczka fue traído a Misiones desde Corrientes, donde anoche fue detenido acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
El operativo fue encabezado por el jefe de Policía, Sandro Martínez e incluyó un despliegue de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, con un anillo de seguridad imponente. El diputado fue traído esposado y con un casco antiagresiones, para declarar ante el juez Miguel Ángel Faría en Apóstoles.
Kiczka fue detenido en la localidad correntina de Loreto, a 169 kilómetros de Posadas, después de casi una semana prófugo buscado por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Según trascendió, estaba escondido en una casa desde hace una semana.
Se estima que Kiczka estaría acompañado por un hombre que escapó. Los investigadores explicaron que ese sujeto se subió a un vehículo y huyó, por lo que sospechan que podría tratarse de su hermano Sebastián, quien también esta prófugo por el mismo delito.
La Policía de Corrientes irrumpió en una vivienda de ese campo cuando se disponían a cenar. Trascendió que al entrar los uniformados, en el lugar había una importante suma de dinero que tendría Kiczka para poder mantenerse prófugo.
En ese campo había dos automóviles, uno de ellos el Toyota Corolla que uso para fugarse, y una camioneta, pero un hombre escapó de allí tras subirse a uno de los rodados.
Los investigadores estiman que la propiedad allanada tendría vinculación con la propia familia del diputado detenido.
Sobre Kiczka y su hermano pesaba una alerta roja de Interpol y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, había ofrecido una recompensa de cinco millones de pesos a quien diera algún dato sobre el paradero de ambos.
Por los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil -agravado por la posible presencia de menores de trece años-, ambos enfrentan eventuales penas de hasta ocho años de prisión, que pueden acumularse con otros delitos que se comprueben.
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