Energía de Misiones: pagar, callar y no tener dónde reclamar
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La semana pasada entrevistamos a un vecino de Puerto Iguazú, un pequeño comerciante del rubro carnicería que atraviesa una situación que debería preocuparnos a todos.
Energía de Misiones le retiró el medidor, lo dejó sin suministro eléctrico y, según relató, le comunicó que debía afrontar una multa cercana a los 5 millones de pesos para regularizar su situación.
Estamos hablando de una carnicería. De heladeras, freezers, mercadería que necesita frío permanentemente y de un pequeño comerciante que, como tantos otros, pelea todos los días para mantener abiertas sus puertas.
Pero hay algo todavía más preocupante que la cifra de la multa.
¿Quién defiende al usuario frente a Energía de Misiones?
Porque cuando existe una diferencia entre la empresa y el consumidor, debería existir una instancia independiente, accesible y efectiva donde presentar documentación, discutir una
sanción y obtener una respuesta antes de que una decisión administrativa ponga en riesgo un comercio.
No puede ser que una empresa que presta un servicio público esencial tenga semejante poder frente a un usuario que muchas veces siente que primero debe pagar y después, si puede, reclamar.
Y mientras tanto escuchamos grandes anuncios y proyectos energéticos. Incluso se vuelve a hablar de traer gas natural hasta Misiones, una iniciativa sobre la que existen enormes interrogantes técnicos, económicos y de infraestructura.
Está muy bien discutir la energía del futuro.
Pero primero deberíamos resolver la indefensión energética del presente.
Porque detrás de cada medidor no hay solamente un número de cliente. Hay una familia, un trabajador, un jubilado o un pequeño comerciante.
El Estado no puede limitarse a observar la relación entre una empresa poderosa y un ciudadano que muchas veces no sabe siquiera ante quién reclamar.
Misiones necesita energía, por supuesto. Pero también necesita reglas claras, organismos de control que funcionen y usuarios que tengan verdadero derecho a defenderse.
Porque pagar un servicio es una obligación.
Pero poder reclamar cuando creemos que existe una injusticia también es un derecho.
