El Colegio de Corredores Inmobiliarios advierte que desregular la profesión pondría en riesgo la seguridad jurídica 

Ante el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el envío en junio de un proyecto para desregular la actividad inmobiliaria, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Misiones manifestó su profunda preocupación por el impacto que una medida de este tipo podría generar sobre la seguridad jurídica de las operaciones y la protección de vendedores, compradores e inquilinos.

La presidenta de la institución, Mariela Amarilla, sostuvo que avanzar en una desregulación significaría “un enorme retroceso” después de más de 30 años de trabajo orientado a profesionalizar la actividad y ordenar el mercado inmobiliario.

“Nosotros no bloqueamos ningún tipo de operación. Cualquier persona puede vender su terreno de manera particular, puede ir a una escribanía y concretar una operación sin un corredor inmobiliario. Lo que hacemos nosotros es garantizar que quien contrata un profesional matriculado acceda a un negocio seguro, con transparencia, respaldo y seguridad jurídica”, explicó Amarilla.

Desde el Colegio remarcaron que el corredor matriculado no solo intermedia entre oferta y demanda, sino que cumple una función clave en la correcta tasación de los inmuebles, la verificación de títulos, informes de dominio, titularidad, situación legal de la propiedad y cumplimiento de las condiciones necesarias para concretar una operación sin riesgos.

“Primero y principal, el corredor inmobiliario tiene la expertise del precio. No solamente tenemos la técnica para tasar, sino también el dato real del mercado. Sabemos que incluso de una cuadra a otra puede cambiar mucho el valor de una propiedad”, señaló.

Amarilla advirtió además sobre el riesgo que implicaría eliminar la territorialidad y permitir que operadores sin arraigo local ni matrícula actúen en la provincia.

“Puede venir alguien de otro lugar, operar desde un café, cerrar una venta y después nadie sabe con quién habló ni cómo hizo esa operación. En cambio, en la colegiación existe control, identidad, domicilio y responsabilidad profesional”, afirmó.

Actualmente, el Colegio cuenta con unos 400 matriculados en toda la provincia y funciona también como órgano de control ético y disciplinario. A través de su Tribunal de Ética y Disciplina se reciben y analizan denuncias vinculadas a malas prácticas, tanto de matriculados como de personas que ejercen ilegalmente la actividad.

“Todas las semanas recibimos denuncias. Muchas veces no podemos intervenir porque se trata de personas no matriculadas. Ahí está justamente el problema: la mayor parte de los conflictos aparecen fuera del sistema formal”, indicó.

Desde la entidad explicaron que si desaparece ese control previo, los conflictos deberán resolverse exclusivamente en la Justicia ordinaria, generando más litigios, mayores demoras y mayores costos para el propio Estado.

“Nosotros hoy le evitamos al Estado una enorme carga. Muchas situaciones se resuelven dentro del Colegio. Si eso desaparece, todo irá a la Justicia y el Estado terminará gastando más recursos, contratando más personal y absorbiendo conflictos que hoy son prevenibles”, sostuvo la presidenta.

En ese sentido, recordó casos de loteos irregulares y operaciones fraudulentas realizadas por personas fuera del sistema formal, donde compradores terminaron sin servicios básicos o sin posibilidad real de escriturar.

“La ilegalidad existe y justamente ahí aparecen los mayores perjuicios para la gente. Cuando no hay matrícula, no hay control, no hay responsabilidad y no hay dónde reclamar”, remarcó.

El Colegio también cuestionó el argumento oficial de que la desregulación permitiría mayor competencia y menores costos.

“No existe un costo extra generado por el Colegio. Al contrario: el corredor inmobiliario trabaja muchas veces resignando honorarios para que una operación salga bien, para sostener alquileres, para mediar entre propietario e inquilino y para garantizar que el negocio sea sano para ambas partes”, señaló Amarilla.

Finalmente, desde la institución confirmaron que ya comenzaron gestiones con legisladores nacionales y provinciales para fijar posición frente al eventual proyecto y defender el rol de los colegios profesionales.

“Nosotros trabajamos durante décadas para profesionalizar esta actividad, no para desregularla. Lo que está en juego no es solamente nuestra profesión, sino la seguridad patrimonial de miles de familias misioneras”, concluyó.