La provincia de Misiones no perdería ni ganaría representantes en la Cámara de Diputados de la Nación debido a que, por la densidad de su población le correspondería la misma cantidad actual: siete. En cambio, se modificaría la forma en que se asignan los diputados a cada partido ya que la provincia se dividiría en varios distritos y cada uno elegiría en forma directa a un diputado. De esta manera, el partido o frente con mayor fortaleza territorial podría llevar todos los legisladores y la minoría perdería representatividad.

Estos son algunos de los cambios que se establecen en la Ley Ómnibus enviada por Javier Milei al Congreso de la Nación y que se votaría en las próximas semanas. Además incorpora la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para elecciones nacionales y propone modificar el sistema de financiamiento político eliminando el tope de aportes privados.

Más para unos, menos para otros

La Ley pretende reformar la representación legislativa, al eliminar los 3 diputados “extras” por distrito y el piso mínimo de 5 diputados por provincia, lo que disminuiría la cantidad de diputados en 16 provincias con menor densidad poblacional.

Misiones se mantiene en el lote de las provincias que conservan la cantidad de diputados, junto con Corrientes.

La Ciudad de Buenos Aires sería la más perjudicada: perdería 8 de los 25 escaños que posee actualmente y quedaría con 17.

No es la única. Otras 15 provincias verían reducida su cantidad de diputados por su menor densidad poblacional: Catamarca, La Pampa y La Rioja perderían 3 de los 5 que tienen y quedarían con solo 2; Formosa tendría 3 en lugar de los 5 actuales; y Tierra del Fuego, el distrito de menos habitantes, se quedaría con apenas una banca ya que perdería 4 de las 5 bancas actuales. Esta última, es la más afectada de todas las provincias, ya que el recorte de su representación sería del 80%.
Chaco perdería 1 de 7; Chubut y San Luis verían reducida sus bancas en 2 de 5; Jujuy y San Juan, en 1 de 6; y Entre Ríos perdería 1 de sus 9 diputados actuales.

Las que verían aumentada su representación, son seis. Además de Buenos Aires, Córdoba se vería favorecida en 3 más al pasar de 18 a 21; Mendoza subiría de 10 a 11; Salta pasaría de 7 a 8; Santa Fe, de 19 a 20; y Tucumán, de 9 a 10.

La diferencia entre las bancas ganadas (34) y las que se perderían (37) es de 3, lo que explica que la Cámara de Diputados pasaría de 257 escaños a 254.

En Misiones, con siete legisladores nacionales “en una elección se deberán hacer tres circunscripciones y en la otra deberán ser cuatro, porque en una elección se renuevan tres diputados y en la otra cuatro”, dijo el secretario electoral, Eduardo Bonetto.

En declaraciones a Radio República, indicó que “dice el proyecto, que cada diputado tendría que representar a 180.000 electores o una fracción no menor a 90.000. En Misiones eligiendo tres diputados nacionales, se dividiría en 3 circunscripciones. Una ocuparía más de la mitad de la provincia, otra una franja menor y una tercera podría ser la Capital”, dijo.

“Se modificaría cada diez años, por cada censo. Hay que respetar los 180.000 electores que debe representar el diputado”, explicó.

Y añadió que, por ejemplo: “La provincia de Buenos Aires está sub representada porque hay muchísimos electores y no tantos diputados como debería tener, y otras como Tierra del Fuego están sobre representadas, porque tienen más diputados de lo que la población le daría”.

El nuevo cálculo

El texto busca establecer una nueva base para el cálculo de bancas por habitantes por lo que la Cámara baja pasaría de 257 a 254 bancas, ya que se reduciría la representación de distritos con menos población.

Desde la llamada “ley Bignone” de 1983, se otorga una banca cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. El proyecto entregado al Congreso por el ministro del Interior, Guillermo Francos, eleva a 180.000 la cantidad de habitantes necesarios para elegir un diputado nacional.

Además, deroga la compensación de tres diputados extra para aquellas provincias que no alcancen el mínimo de cinco legisladores.

Por este motivo, si se aprobase la nueva normativa, saldrían perjudicadas provincias que tienen poblaciones entre los 180.000 y 1.400.000 habitantes, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, entre otras.

Por circunscripciones

El proyecto de “ley ómnibus” incluye otro aspecto que va a generar polémica: la división del país en 254 circunscripciones, y la elección de un diputado en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si Córdoba pasase a tener 21 representantes a la Cámara baja, estaría dividida en 21 circunscripciones, donde se elegiría uno en cada una. Se reemplazaría así el sistema D’Hondt de representación proporcional por uno de circunscripciones uninominales, en el cual un candidato puede ganar por un voto. Los partidos presentarían un único postulante por circunscripción.

De acuerdo al Gobierno, este modelo que replica el vigente en Estados Unidos, promueve una “mayor proximidad” entre el votante y el candidato. El sistema contribuye a una “personalización de la política” en detrimento de los partidos. Y evita la lista sábana cerrada con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas.

Uno de los aspectos más cuestionados de este modelo es el criterio para establecer los límites de cada circunscripción, que quedaría en manos del Poder Ejecutivo y sería el encargado de dividir los distritos electorales un año antes de los comicios.

Este cambio de sistema podría implicar una reestructuración del sistema de partidos en beneficio de unos y perjuicio de otros, ya que favorecería a las mayorías y le quitaría peso y visibilidad a terceras fuerzas y minorías.

“Las circunscripciones uninominales, de acuerdo a la experiencia de otros países, tiende a la eliminación de los partidos chicos. ¿Por qué? Porque a la medida que se centre la disputa en esa circunscripción a un solo cargo, los partidos grandes van a llevar los diputados”, explicó el secretario electoral de Misiones, Eduardo Bonetto.

Y comparó: “Ahora un tercer partido podía meter un diputado cuando se trata de cuatro bancas a repartir. Acá no, acá se va a llevar el diputado el partido ganador. La lista ganadora se lleva el diputado. Salvo que en la otra circunscripción sea fuerte el otro partido”.

Sin aportes para boletas

El proyecto también elimina el subsidio que otorga el Estado para la impresión de las boletas papel partidarias, antes de cada elección nacional. Esta modificación estaría alineada con la intención del Gobierno de promover la Boleta Única Papel cuya impresión sería solventada por el Estado.

Actualmente, la Dirección Nacional Electoral le paga a cada agrupación que compite en las elecciones generales un monto que le permite imprimir dos boletas y media (con un valor testigo previamente fijado) por elector para cada categoría. La ley actual prevé este aporte público para garantizar que la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro de los 17.000 establecimientos de votación que hubo en estas elecciones en el país.

Los partidos chicos o los nuevos, al tener menor capacidad financiera, suelen depender de este subsidio para garantizar la impresión de un número de boletas que les alcance para cubrir las más de 100.000 mesas en todo el territorio nacional. No así los más grandes, que suelen imprimir por su lado dos o tres padrones más, para el reparto previo de boletas a la ciudadanía.

No más spots gratuitos

Milei también busca derogar la distribución que hace la Dirección Nacional Electoral de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión para pasar sus spots y avisos. “Al eliminar la equidad en la distribución de espacios de publicidad de campaña, los candidatos que consigan más dinero, podrán comprar más minutos de aire”, advirtió Secchi.

Finalmente, el proyecto propone terminar con la prohibición de difundir encuestas ocho días antes de los comicios y hasta tres horas después de su cierre, y elimina el Registro de Encuestas y Sondeos de Opinión.

Financiamiento para los partidos

A través de la derogación y modificación de artículos de la ley actual de Financiamiento de los Partidos Políticos (Nro. 26.215), se elimina el tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido o candidato para la campaña electoral, y para el funcionamiento institucional partidario.

Con esta modificación de la ley, se propone derogar, entre otros, el artículo 44 bis de la norma actual que limita los aportes privados de campaña por persona física o jurídica que puede recibir cada agrupación.

Cabe recordar que esta fija un tope del 2% de los gastos permitidos para esa campaña.
Asimismo, ese monto máximo debe ser informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) antes de cada elección.

En las elecciones generales 2.023 para la categoría de presidente, por ejemplo, ese tope en las donaciones fue de $40.732.350 por persona o empresa.

El proyecto de ley también propone eliminar el monto máximo de gastos destinados a la campaña electoral que puede realizar una agrupación política.

El límite del gasto de campaña en las elecciones generales 2023 para las agrupaciones o alianzas fue de $2.036.617.499.

En la práctica, la reforma significaría que los partidos podrían recibir donaciones de privados sin tope y gastar sin límites.

“Va contra todos los avances que hizo Argentina en materia de financiamiento político. Desde Poder Ciudadano, venimos hace 25 años luchando para que el financiamiento político sea más transparente y tenga límites que generen equidad en la competencia electoral” sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de esa ONG a Infobae.

Con esta nueva normativa, restaría ver en la provincia cuales serían los partidos o frentes beneficiados con la misma, como así también, cuánto perjudicaría a los partidos más pequeños.