Después de 10 años, juzgarán a dos policías por la muerte de una mujer

Aníbal Villalba y Luis Rotela serán enjuiciados por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte

El caso de la muerte de Carmen Mirta Rosa (47) en Garupá ocurrido en febrero del 2013 tuvo muchos giros a la largo de su investigación y varios puntos oscuros que aún hoy, diez años después, persisten.

Carmen fue hallada en un descampado y por el hecho, un mes después, la Justicia detuvo a dos efectivos policiales que la habían subido a un patrullero. Primero se investigó como un homicidio, pero el cambio de calificación a abandono de persona derivó en el apartamiento del juez inicial.

Incluso el padre de un acusado se subió a la antena de la Casa de Gobierno para pedir su domiciliaria -lo logró-, causando temor en pleno microcentro y dejando un peligroso precedente.

Pero la década transcurrida también marcará el cierre de esta historia, ya que se tiene previsto que para finales de junio los hechos se ventilen en un juicio oral y público. Las fechas fueron agendadas para el 27, 28, 29 y 30 y se espera que los pormenores de lo ocurrido finalmente sean revelados.

Por el hecho se sentarán en el banquillo de los imputados Aníbal Daniel Villalba y Luis Albino Rotela, quienes al momento de la muerte de la mujer se desempeñaban en la Comisaría Quinta de Garupá como oficial y sargento, respectivamente.

El Tribunal Penal II será el que deberá decidir una sentencia y en el Ministerio Público actuará Vladimir Glinka.

A Villalba se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona agravado por el resultado de muerte en concurso ideal y falsificación ideológica del instrumento público, mientras que Rotela deberá responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado muerte en concurso ideal.

La cronología

Según los archivos de este diario, Carmen era una vecina del barrio Santa Clara III, mujer casada y con dos hijos. Padecía esquizofrenia residual, que le significó abandonar su trabajo de docente.

Antes había vivido en El Soberbio y en San Javier, donde se desempeñó en distintas escuelas por nueve años.

Era conocida por los vecinos, quienes estaban acostumbrados a que se apareciera en su casa y se sentara sin más en el living o el comedor a hablar.

Fue hallada el 14 de febrero del 2013 en un descampado del barrio Los Potrillos y en ese momento se trazó la posibilidad de una muerte natural.

Los propios efectivos de la Comisaría Quinta fueron quienes hicieron los operativos de rigor ante el juez Ricardo Balor, quien ordenó la autopsia.

Sin embargo, todo cambió cuando una pareja declaró que Carmen se había subido a un patrullero debido a que ellos mismos llamaron a la Policía cuando se apareció en su casa. La exdocente, recordó un investigador del caso consultado para este artículo, pedía agua.

Carmen había caminado hasta un barrio donde no la conocían, por lo que al ingresar a una casa los ocupantes se preocuparon y  procedieron correctamente llamando a la Policía.

“Cuando llegó el patrullero, con mucho asco la subieron al móvil, incluso la golpearon con la puerta, porque ella no se sentó bien. Y la sentaron sobre un cartón para que no ensuciara el auto. Después apareció el cuerpo, la muerte de ella fue muy violenta, hay gente que asegura haber visto a Carmen sentada en una piedra de la cancha (del barrio Los Potrillos) junto a dos policías. Lo seguro es que la llevaron en el móvil, esa fue la última vez que la vimos con vida”, dijo entonces una vecina suya en diálogo con este medio.

Detención y pruebas

La detención de los efectivos policiales -en ese momento fueron tres- se concretó el 13 de marzo del 2013.

Fue también dos días después de que se conocieran los  resultados de la autopsia, que arrojó que murió debido a un traumatismo de cráneo y al estallido de su vejiga.

Con el tiempo surgieron datos que los complicaron aún más y ahora se ven reflejados en la calificación: los policías alteraron el libro de guardia e incluso uno de ellos llamó al magistrado para informarle sobre el hallazgo del cuerpo, obviando contar que ellos lo habían “levantado” antes. Es decir, quisieron ocultar el procedimiento.

En marzo del año 2014 los familiares realizaron un fuerte pedido de justicia.

Entonces, Carlos Zarza, esposo de Carmen, mantuvo una reunión con el entonces ministro de Gobierno, Jorge Franco, y al salir pidió justicia ante los medios. “Vinieron a mi casa y me intentaron convencer, pero no hay dudas de que a Carmen la mataron y de que se trató de apremios ilegales. La Policía ocultó todo, hay indicios que dejan en claro que fue una muerte violenta. A ella la mataron a golpes y fueron efectivos policiales”, afirmó.

Y especuló: “Quizás la quisieron meter a un calabozo y ella no quiso entrar porque no está acostumbrada, tuvo pánico, se asustó e intentó salir. El médico forense me dijo que ella tenía una rotura vesicular y eso no se produce por una caída, tiene que ser por un golpe muy fuerte”.

Los familiares de la mujer fueron contactados por este medio ante la novedad de la fecha de debate, pero no respondieron las consultas.

Cambio de carátula

Con todos estos elementos el juez Balor indagó a los uniformados por homicidio calificado, pero en agosto de ese mismo 2013 la causa tuvo un nuevo giro.

El Tribunal Penal Uno (no existía una Cámara de Apelaciones) determinó que más allá de las causas de muerte no había un elemento objetivo para relacionarlos con el accionar policial.

Esto trazó la hipótesis de que luego de subirlos al patrullero los uniformados dejaron a Carmen nuevamente en la calle en vez de llevarla a un centro asistencial, a su casa o incluso -aunque no fuera lo correcto- a la comisaría. ¿Una caída o descompensación causó la muerte?

La medida derivó en el apartamiento del juez original y quien se hizo cargo de la instrucción fue el entonces titular del Juzgado de Instrucción Siete, José López.

El magistrado estuvo poco menos de un mes al frente de la investigación -casualmente fue designado para la Cámara de Apelaciones, que empezó a funcionar en septiembre de ese año -pero determinó el traslado de los acusados a una cárcel común y realizó una reconstrucción filmada de lo ocurrido, concretada el 21 de agosto.

Los reportes de ese entonces indican que Rotela y Villalba dijeron que llevaron a la mujer hasta la ruta 12 y el acceso al barrio Los Potrillos de Garupá, donde ésta le habría pedido que la bajen allí cerca vivía su cuñada. “Ella quedó acá en la colectora. Nosotros subimos al patrullero y nos fuimos para arriba”, expresó Rotela.

Liberación y nuevo reclamo

Finalmente el 17 de marzo del 2014, la Cámara de Apelaciones de Misiones -ya en funciones- ordenó la excarcelación hasta el juicio de Villalba y Rotela, quienes en ese momento estaban alojados en la Unidad Penal VI.

Entonces la familia realizó una movilización para pedir justicia, aunque señalaron que no les sosprendió la liberación de los efectivos porque sentían que había muchas presiones sobre el caso.

Insistían que la mujer no murió por causas naturales. “Que nos traigan a quienes lo golpearon si consideran que los policías no fueron. Pedimos que se investigue todo otra vez y encarcelen a los que la mataron; que no se pierda de foco de que a mi mamá la asesinaron”, insistió entonces Jeremías Zarza, uno de los hijos de la mujer.

Y fue la misma Cámara la que confirmó el auto elevación a juicio en 2018, en lo que es el último registro que se tiene del expediente. Finalmente llegó el momento de zanjar todas las dudas y suspicacias que rodean a este caso.

 

 

Fuente: ElTerritorio