Hace más de 40 días presenté una solicitud formal al Concejo Deliberante de Iguazú
Lo hice como ciudadano. Pedí algo básico: información pública. Quise saber cuanto cobra cada concejal, cuantos funcionarios trabajan para el cuerpo y cuánto cuesta mensualmente mantener esa estructura.
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Hasta hoy, no hubo respuesta. Y sinceramente, dudo que llegue, aunque la ley los obliga a transparentar esos datos.
¿Por qué importa esto? Porque mientras la ciudadanía hace esfuerzos para llegar a fin de mes, los comentarios indican que algunos concejales estarían cobrando dietas superiores a los 2 millones de pesos y que el Concejo tendría más de 75 funcionarios entre contratados y permanentes.
Mucho dinero para una institución que hoy está lejos de cumplir el rol que le corresponde.
El Concejo debe legislar para mejorar la vida de la gente y controlar al Ejecutivo municipal.
Pero lo que vemos es un órgano que muchas veces actúa más como escribanía del poder de turno que como verdadero representante de los vecinos.
Carlos Ríos prometió cambios, dinamismo y una nueva etapa. Sin embargo, parece repetir la misma historia de administraciones anteriores.
Javier Bareiro también llegó con respaldo popular, pero cuando la ciudadanía evaluó su gestión, el resultado fue contundente.
Porque cuando se gobierna de espaldas a la gente y sin transparencia, tarde o temprano llega la factura ciudadana. Y cuando las historias se repiten, los resultados suelen ser exactamente los mismos.
