Villarruel incorporará el mega DNU que desregula la economía a la sesión que hará este jueves el Senado
Se definirá mañana en Labor Parlamentaria con los jefes de bloque. La decisión llega luego de varias presiones del kirchnerismo y de parte de la oposición para debatir la norma en el recinto.
La vicepresidenta, Victoria Villarruel, accederá a los pedidos del kirchnerismo y de algunos legisladores de la oposición e incorporará el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía a la sesión especial que realizará el Senado este jueves, según confirmaron fuentes del oficialismo. Los detalles del encuentro se definirán mañana, a partir de las 18, cuando la titular de la Cámara alta se reúna con los jefes de bloque para realizar la reunión de Labor Parlamentaria.
Desde hace más de un mes el kirchnerismo senatorial, que comanda el formoseño José Mayans, presionó a Villarruel con pedidos de sesiones especiales para rechazar el DNU, que necesita el voto en contra de ambas Cámaras del Congreso para quedar desactivado, una situación que nunca ocurrió.
La presidenta de la Cámara alta apeló a la potestad reglamentaria de fijar día y hora de las sesiones. Así, dilató el aterrizaje del tema en el recinto. El Frente de Todos es la primera minoría en la Cámara alta y cuenta con 33 legisladores, a sólo cuatro del quórum.
El camino adoptado por Villarruel se complicó días atrás, cuando un grupo de senadores de la oposición no kirchnerista -encabezaron los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider- presentó otra nota para sesionar y analizar el mega DNU, lo que dejó al oficialismo al borde de una derrota.
Durante el transcurso de este martes, un grupo de legisladores libertarios y de la oposición anti K empujaron una nueva solicitud, que no incluye el DNU. El motivo es simple: al fomentar una sesión de carácter especial, se necesita un pedido formal con todo el temario que le interesa a La Libertad Avanza.
Bajo este panorama, la nota enviada a Villarruel apunta a considerar la iniciativa que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto en cuestión fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y votado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza con el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores silvestres como los renovadores misioneros, el oficialismo se llevó el dictamen del texto en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda.
La previa de dicho cónclave fue la intervención de la propia Casa Rosada -a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- para convencer a la oposición no kirchnerista de avanzar con un dictamen y saldar, con la reglamentación de la ley, algunos puntos que fueron advertidos no sólo en Diputados, sino también durante el plenario de comisiones concretado en el Senado. Uno de ellos es la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), con injerencia clave del Ministerio de Economía.
En concreto, el artículo en lupa impone: “Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.
A pesar de lo avanzado, el oficialismo retrotrajo su idea inicial y deslizó, semanas atrás, la posibilidad de emitir un DNU para mostrarle avances al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto generó enojo en la oposición no kirchnerista, que había firmado el dictamen de la iniciativa y avalado las promesas del Ejecutivo.
Con el correr de los días, el DNU -no podía contener cuestiones penales- el Gobierno volvió a modificar su opinión y, tras varias idas y vueltas, la ley sería sancionada este jueves, en plena visita del GAFI al país. La evaluación del organismo es clave ante el temor de caer de nuevo en la temida “lista gris”, una situación que ocurrió la última vez durante el cristinismo.
En la bandeja de temas del nuevo pedido de sesión especial aparecen también el retiro e ingresos de pliegos -embajadores, judiciales-, convenios internacionales y la autorización al presidente para que se ausente del país durante este año.
