Thomas pidió juicio político contra Venchiarutti y denunció retardo de justicia en el STJ
Un escrito ingresado el 12 de diciembre de 2025 a la Cámara de Representantes de Misiones solicita la destitución de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, por presunta mora judicial injustificada y privación de justicia en un expediente previsional.
Con un sello de Mesa de Entradas fechado el 12 de diciembre de 2025, ingresó a la Cámara de Representantes de Misiones un escrito que formula una denuncia formal y solicita la apertura de juicio político contra la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, en su carácter de ministra y presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El documento está dirigido al presidente del cuerpo legislativo, Ing. Sebastián Macías, y lleva la firma de Miguel Arturo Thomas, con patrocinio letrado.
Según se desprende del escrito y de lo expresado públicamente en redes sociales por el periodista Gabriel Fuste Padrós, la acusación se apoya en la presunta existencia de un retardo de justicia prolongado, que —según el denunciante— trasciende el plano técnico para adquirir una dimensión política e institucional. El planteo central sostiene que la falta de resolución judicial efectiva debilita los mecanismos de control del poder.
Thomas afirma que el caso se origina en un expediente relacionado con un derecho previsional de retiro, inicialmente reconocido y luego revocado por la Dirección General de Rentas mediante un acto administrativo, lo que motivó el inicio de acciones judiciales. A partir de allí, describe un derrotero procesal signado por remisiones, conflictos de competencia y ausencia de una decisión de fondo.
La denuncia señala que el expediente llegó al Superior Tribunal de Justicia y que, pese a reiteradas presentaciones y pedidos de pronto despacho, permanece sin resolución definitiva con el transcurso de los años. En ese contexto, se habla de “retardo y privación de justicia”.
El escrito detalla además una cronología de actuaciones recientes: un pedido de pronta resolución presentado el 23 de octubre de 2024; una reiteración del reclamo el 14 de agosto de 2025, invocando expresamente la “privación de justicia”; y una última actuación registrada el 6 de noviembre de 2025 en el sistema SIGED, vinculada a un requerimiento administrativo, sin que ello haya derivado en una definición de fondo.
El pedido de juicio político se fundamenta en la Ley IV N° 15, artículo 30, que considera falta grave la mora judicial injustificada, en relación con los deberes procesales de los magistrados previstos en el Código Procesal provincial, informó el periodista Gabriel Fusté Padrós.
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