Río de Janeiro: aprueban bonificaciones para policías que maten a criminales
La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro aprobó esta semana una ley que autoriza el pago de bonificaciones a policías civiles por acciones que deriven en la muerte de presuntos delincuentes o el decomiso de armas de gran calibre. El proyecto, que deberá ser promulgado en los próximos días por el gobernador Cláudio Castro, generó fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y referentes políticos de la oposición.
Incentivos de hasta 150% del salario
La nueva normativa establece que los agentes podrán recibir una prima de entre el 10% y el 150% de su salario, dependiendo del tipo de operativo y de los resultados obtenidos. El texto especifica que el beneficio se aplicará cuando se confisquen armas de alto calibre o se “neutralicen” criminales durante el cumplimiento del deber.
Este tipo de bonificación ya había existido en los años ’90 bajo el nombre de “bono del Lejano Oeste”, pero fue derogada en 1998 debido al incremento de muertes durante las intervenciones policiales.
Fuertes críticas desde los derechos humanos
La ley despertó una ola de cuestionamientos en el país. Para el diputado federal Henrique Vieira, la medida “incentiva la violencia y transforma la muerte en política pública”. El legislador, representante de Río de Janeiro, afirmó que “la seguridad no se logra mediante la barbarie”.
Desde el ámbito jurídico, el abogado Djeff Amadeus, del Instituto de Defensa de la Población Negra, advirtió sobre el impacto en los sectores más vulnerables:
“Corremos el riesgo de asistir a una masacre generalizada perpetrada por policías que harán todo para ganar más dinero”.
Además, alertó que esta política podría extenderse a la policía militar, fuerza encargada de tareas represivas, lo que “abriría la puerta a un uso indiscriminado de la fuerza”.
Contexto de violencia estructural
Las operaciones policiales en favelas y zonas pobres de Río de Janeiro suelen caracterizarse por su extrema violencia. Solo en lo que va de 2024, 703 personas murieron en intervenciones policiales en el estado, lo que equivale a casi dos muertes por día. Aunque representa una disminución del 19% respecto a 2023 (cuando se registraron 871 muertes), la cifra sigue siendo alarmante.
Las estadísticas oficiales también muestran que la mayoría de las víctimas son personas afrodescendientes, lo que suma un componente de desigualdad racial a la problemática del uso excesivo de la fuerza.
¿Qué sigue?
El gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, tiene 15 días para promulgar o vetar la ley. Hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre su decisión.
La votación fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, lo que indica un respaldo significativo entre los legisladores, a pesar del rechazo de organismos humanitarios, movimientos sociales y parte del arco político nacional.
© Fotografía de portada por AFP.
