Posadas, en el podio del gasto político: es la ciudad con el Concejo más caro del país
Un informe de la Fundación Libertad y Progreso expuso el costo de los Concejos Deliberantes en todo el país. Posadas encabeza el ranking: cada concejal cuesta más de $1.440 millones al año, muy por encima del promedio nacional.
Un reciente informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso encendió la polémica al revelar el alto costo de los Concejos Deliberantes municipales en la Argentina. El dato más contundente tiene como protagonista a Posadas, que aparece primera en el ranking nacional de gasto por concejal.
Según el relevamiento, cada concejal posadeño le cuesta al contribuyente unos $1.441 millones por año, cifra que ubica a la capital misionera por encima de ciudades como Río Gallegos ($1.388 millones) y San Miguel de Tucumán ($1.090 millones). El contraste se vuelve todavía más llamativo al comparar con otros distritos: un concejal tucumano cuesta ocho veces más que uno mendocino, mientras que un concejal de Posadas cuesta aproximadamente 14,5 veces más que uno de Tres de Febrero.
El informe detalla que el Concejo Deliberante de Posadas cuenta con 13 concejales y maneja un presupuesto anual superior a los $18.700 millones, un nivel de gasto que despierta serios cuestionamientos sobre la eficiencia, la proporcionalidad y las prioridades del uso de los recursos públicos.
Un gasto que incomoda
El dato reabre un debate incómodo para la dirigencia local: ¿qué nivel de productividad institucional justifica que Posadas lidere el ranking nacional del gasto político municipal? En un contexto de presión fiscal creciente, salarios ajustados y servicios públicos con demandas pendientes, el costo del Concejo aparece cada vez más desconectado de la realidad cotidiana de los vecinos.
Mientras otras ciudades logran sostener sus cuerpos deliberativos con presupuestos sensiblemente menores, Posadas no solo encabeza el listado, sino que lo hace con una brecha difícil de explicar desde la lógica de la gestión eficiente.
El informe de la Fundación Libertad y Progreso vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: menos gasto político y más recursos para servicios esenciales, una consigna que gana fuerza entre contribuyentes y sectores críticos del actual esquema municipal.
