Perimetral para la funcionaria del STJ y su expareja tras el escándalo de los US$ 4.000
Lo dispuso el juez de Violencia Familiar de Posadas, Alfredo Olmo Herrera y alcanza a la secretaria de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia y a su exesposo quien la denunció de violar su domicilio y robarle dinero.
La Justicia de Instrucción Penal y la de Violencia Familiar, además del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, intervienen en la investigación del escándalo desatado por el robo de cuatro mil dólares que un abogado del fuero civil y laborar de Posadas denunció el jueves 5 de septiembre pasado ante la fiscal de Instrucción 3, Adriana Marcela Verónica Herbociani, y apuntó como autora a su exesposa, actual secretaria de la Superintendencia del STJ, uno de los puestos más altos dentro del escalafón judicial provincial.
Tras la publicación de PRIMERA EDICIÓN (el viernes pasado) se pudo saber que la funcionaria denunciada (44) acudió al Juzgado de Violencia Familiar y radicó un planteo por violencia psicológica, al día siguiente de la presentación penal donde su expareja la acusó del robo en su estudio jurídico y aportó videos y testigos relacionados.
Por este incidente, el juez Alfredo Olmo Herrera ordenó una restricción o prohibición de acercamiento mutuo de seis meses de duración y con puntos claros sobre distancias que no podrán vulnerar ninguno de los dos.
Mientras esto ocurre, vale recordar que el juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón investiga un hecho de “hurto y violación de domicilio” que involucra a la funcionaria jerárquica del STJ.
Como evidencias y pruebas de parte, el denunciante aportó testigos y grabaciones de cámaras de seguridad que mostrarían el ingreso, con llaves en mano, de la secretaria de la Superintendencia del STJ al edificio y a la oficina del segundo piso de la calle 25 de Mayo 1687 (casi San Martín) a menos de 50 metros del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial).
El mismo día de la denuncia ante la Justicia, se ordenó un allanamiento a un departamento por calle San Martín (a ocho cuadras del estudio jurídico) donde reside la funcionaria de 44 años con sus dos hijos adolescentes. El procedimiento fue desplegado por investigadores policiales y el juez Verón pero no se hallaron rastros de los billetes estadounidenses.
Los registros de cámaras de seguridad confirmarían que la mujer que ingresa y sale del edificio y oficina de la calle 25 de Mayo, es la letrada y secretaria del STJ.
Resta aún que el juez Verón acepte como querellante al denunciante. Según voces incuestionables entre despachos judiciales, se pudo establecer que la solicitud fue realizada en tiempo y forma y que fue rechazada por la defensora oficial que asumió el patrocinio de la funcionaria.
Mientras tanto, se espera que esta semana los ministros del STJ analicen el petitorio e informe que presentó ante la presidenta Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, el abogado representante de la víctima en esta causa, Federico Esquivel.
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