Milei vetó la ley de ATN, pese a que ordenó abrir una ronda de diálogo con gobernadores
El Ejecutivo defendió la discrecionalidad del Fondo como herramienta clave ante emergencias y advirtió que la redistribución automática “vaciaría” al Estado de capacidad de respuesta
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 652/2025, publicado este 12 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual vetó en su totalidad el proyecto de ley Nº 27.794, aprobado por el Congreso el pasado 20 de agosto, que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, acompañada por las firmas de ministros y funcionarios clave como Luis Caputo, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, marca un nuevo punto de fricción en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El argumento oficial: preservar una herramienta de emergencia
El Gobierno justificó el veto al sostener que los ATN, creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, tienen un carácter extraordinario y discrecional destinado a cubrir emergencias y desequilibrios financieros en las provincias.
En los considerandos, el decreto recuerda que el artículo 5° de dicha ley establece expresamente que el fondo debe aplicarse a situaciones excepcionales, bajo administración del Poder Ejecutivo. “El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis”, sostiene el texto oficial.
El Ejecutivo advierte que transformar los ATN en un régimen de coparticipación automática, como proponía el Congreso, “priva al Estado de una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.
Incluso se citan antecedentes recientes: durante la pandemia de COVID-19 y en emergencias climáticas, hídricas y alimentarias de 2024 y 2025, el Gobierno utilizó los ATN para asistir a provincias en crisis.
Federalismo fiscal y el Pacto de Mayo
El decreto argumenta además que el proyecto aprobado por el Congreso “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN” y contradice los criterios de equidad y solidaridad federal. Según el Gobierno, vaciar este instrumento pondría en riesgo la prestación de servicios básicos en las provincias y afectaría la capacidad de respuesta ante contingencias.
La Casa Rosada vinculó la discusión con el Pacto de Mayo, en el que Milei y varios gobernadores firmaron un compromiso para una futura rediscusión integral del régimen de coparticipación federal. Para el Ejecutivo, “la verdadera solución no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero que sustituya el modelo extorsivo que durante décadas condicionó a las provincias”.
El veto ya generó fuertes críticas de mandatarios opositores. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó la decisión como “otro desprecio a las provincias” y denunció un “ataque al federalismo y a las autonomías”. Aseguró que los recursos de los ATN “legítimamente pertenecen a las provincias” y acusó a Milei de apropiarse de fondos de manera “ilegal”.
En paralelo, los bloques opositores en el Congreso anticipan que intentarán reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. El Senado podría abordar el tema en la sesión del 18 de septiembre, mientras que en Diputados se espera que el 17 se discutan también los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Más tensión en la relación Nación-provincias
Con este veto, Milei reafirma su estrategia de centralizar la decisión sobre el uso de los ATN, defendiendo la discrecionalidad del Ejecutivo como un atributo indispensable para la gestión de crisis. Sin embargo, la medida profundiza la brecha con gobernadores de distinto signo político, que ven en el rechazo un nuevo obstáculo para garantizar recursos en un contexto de ajuste fiscal y recesión.
La discusión por el reparto de fondos federales se suma a otros focos de conflicto, como la suspensión de la obra pública y la definición del Presupuesto 2026, que será presentado en los próximos días. El futuro inmediato dependerá de si el Congreso logra articular una mayoría calificada para revertir la decisión presidencial, un escenario que pondría a prueba la capacidad de negociación política del oficialismo.
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