Juzgarán por homicidio a madre de una joven que murió por desnutrición

 Juzgarán por homicidio a madre de una joven que murió por desnutrición

La mujer está con tratamiento psiquiátrico y será juzgada por homicidio culposo. Estuvo 70 días detenida, pero circunstancias atenuantes favorecieron el cambio de carátula

El 11 de octubre del 2019, alrededor de las 20.50, Teresita del Rocío Mattos (39) solicitó presencia policial en el departamento que alquilaba, en avenida Andresito 944 de la ciudad de Oberá.

Ante los uniformados relató que volvió de su trabajo y encontró a su hija recostada en su cama, en posición fetal y aparentemente sin vida, lo que fue corroborado por la médica policial de turno. La joven padecía un severo cuadro de discapacidad que le impedía valerse por sí misma.

La posterior autopsia confirmó que Aylhén Roció Mattos (18) falleció por caquexia (estado de deterioro extremo del cuerpo) a causa de una desnutrición severa y paro cardiorrespiratorio.

Según el informe forense, se trató de un caso de abandono de persona seguido de muerte, por lo que la madre fue detenida.

De todas formas, tras pasar 70 días tras las rejas, el juzgado interviniente avaló las circunstancias atenuantes y el cambio de carátula solicitado por la defensa de la imputada, quien años atrás fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad (TLP).

En consecuencia, tras indagar a la acusada y analizar una serie de elementos, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá avaló el cambio de carátula a homicidio culposo, es decir sin intención.

En diálogo con El Territorio, un vocero judicial confirmó que el expediente ya fue elevado al Tribunal Correccional y de Menores de Oberá para la realización del debate oral, instancia que podría concretarse en el primer semestre del corriente año.

La competencia del citado tribunal obedece a que el delito de homicidio culposo tiene una pena máxima de seis años de prisión.

Tratamiento psiquiátrico

Los detalles del deceso de Aylhén Rocío Mattos generaron gran conmoción en la comunidad obereña, puesto que la víctima era ciega, sorda y padecía discapacidad motriz, por lo que era absolutamente vulnerable y requería de la permanente atención de terceros.

En función al informe de autopsia, la progenitora permaneció detenida desde el 13 de octubre hasta el 23 de diciembre del 2019, cuando fue beneficiada con la excarcelada bajo caución juratoria.

En tanto, desde un primer momento su defensa hizo hincapié en cuestiones previas al deceso, puesto que 35 días antes del fatal desenlace una licenciada en Trabajo Social presentó un detallado informe ante el Juzgado de Familia de Oberá alertando sobre el “alto riesgo de vida” de la adolescente, al tiempo que sugirió la intervención de organismos pertinentes.

Por ello, si bien en un primer momento la madre fue imputada por abandono de persona doblemente agravado por muerte y el vínculo, en la instrucción quedaron expuestas circunstancias que la ubicarían en el rol de víctima, como antecedentes de abuso, intentos de suicidio y falta de contención de su familia y el estado.

A todo ello se suma que padece una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento y medicación.

Fue así que su defensa logró el cambio de carátula a homicidio culposo, lo que posibilitó que se fuera excarcelada y aguarde el juicio en libertad, mientras realiza un tratamiento monitoreado por la Justicia.

Asimismo, debido a la patología que sufre la mujer, sus otras dos hijas -de 15 y 7 años- están a cargo del padre y la abuela paterna, respectivamente, puesto que son fruto de diferentes relaciones.

La defensa

Oportunamente, entre los argumentos para solicitar la libertad de su cliente, desde la defensa de la imputada citaron que “padece TLP, dicho trastorno de la salud mental impacta en la forma que piensa y siente la persona que lo padece acerca de sí mismo y de los demás, lo que causa problemas para insertarse en la vida cotidiana (…) Lleva varios años de tratamiento y toma diariamente clonazepam, quetiapina y foxetín”, citaron.

Mencionaron que “ha sido víctima de abuso sexual intrafamiliar y a la fecha ha tenido tres intentos de suicidio, ello sumado a la grave condición que padecía su hija Aylhén Rocío Mattos, a la difícil situación económica que atravesaba, a la falta de contención por parte de su familia y a la ausencia de las instituciones que debieron darle apoyo”.

Tampoco es un dato menor que 35 días antes del fallecimiento de la joven una trabajadora social presentó un informe socioambiental ante el Juzgado de Familia de Oberá, en el marco de una causa por la custodia de la hermana menor de la Aylhén Rocío, en el que se alertó sobre el deplorable estado de salud en que se encontraba la víctima.

“En un momento de la entrevista la perito ingresó al dormitorio de la joven Aylhén, donde se encontraba durmiendo en posición fetal tapada con una colcha. La abuela se acerca y destapa su cabeza, despertándose la joven y tratando de sentarse, con dificultad motriz aparentemente. Se pudo observar su extrema delgadez, en un estado de salud física, a simple vista, deplorable que impresionó a la perito. Situación que lleva a solicitar a V.S. (Vuestra Señoría) una intervención urgente para salvaguardar la vida de la joven”, se indica en el citado informe.

Lamentablemente, la asistencia que reclamó la profesional nunca llegó y poco más de un mes después se produjo el deceso de la joven.

Carta abierta

Estando detenida en la Seccional Segunda de Oberá, Mattos escribió una carta abierta difundida por este matutino.

Contó que Aylhén Rocío nació prematura, con cinco meses y medio de gestación y apenas 1,100 kilos de peso. Recordó que a los pocos días bajó a 800 gramos y permaneció cuatro meses en el área de neonatología de una clínica de Posadas.

“Cuando su estado de salud era delicado y nadie apostaba a que sobreviviera porque era muy pequeña, mi guerrera, mi ángel salió dada de alta victoriosa. Yo fui mamá con 18 años, Aylhén lleva mi apellido porque su papá biológico jamás se hizo cargo. No hubo nunca una cuota alimentaria ni pedido de filiación para reconocerla como su hija. Jamás se preocupó si necesitaba algo, sabiendo dónde vivíamos. Nunca tuvimos una ayuda de ningún tipo”, indicó en la carta.

En otro tramo, señaló: “En mi infancia sufrí abuso sexual por mis dos hermanos varones durante varios años, eso me llevó como consecuencia a tener intentos de suicidio desde mi adolescencia. Me trataban como depresión, pero en realidad soy una persona borderline o comúnmente TLP. Pasaron como 20 años hasta que con terapia yo pude contar mis abusos, jamás antes pude contar a nadie”.

En varios pasajes de la carta abierta retomó la figura de su hija fallecida y expresó el inmenso pesar que la embarga, lo que se tradujo en un evidente deterioro físico.

“Sólo puedo decir que el dolor me atraviesa al alma, mi pecho de madre de un lado al otro, no puedo explicarlo en palabras, no logro tomar dimensión. Yo fui la que estuve 18 años pegada a mi hija, inseparables, batallamos juntas muchísimas cosas, ella era mi principal motivo de no rendirme. Las circunstancias hicieron que hoy ella ya no esté físicamente. Pero en mí, en mi vida para siempre”, expresó.

Repercusión nacional

Por las características del hecho, el deceso de Aylhén Rocío Mattos tuvo repercusión en medios de alcance nacional y, oportunamente, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi) emitió un comunicado de prensa donde manifestó la preocupación por el hecho sucedido en Oberá. Asimismo, instó a la Justicia “a investigar los hechos con perspectiva de género y discapacidad, poniendo especial énfasis en evaluar en qué medida las autoridades provinciales cumplieron con su obligación de garantizar los derechos de la joven fallecida”. Citaron que la progenitora solicitó asistencia y no la obtuvo, lo que fue deteriorando la salud de su hija. También mencionaron la patología que afecta a la mujer. En virtud a todo lo expuesto, subrayaron que “Redi desea enfatizar que las autoridades que integran diversos poderes del estado provincial tenían la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de la joven fallecida” y “tenían la obligación de adoptar medidas apropiadas para detectar en forma oportuna el cuadro de desnutrición”.

ElTerritorio

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