Imputan a una empresaria por realizar viajes sin autorización durante el aislamiento
Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a Silvia Susana Magno, acusada del delito de «violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia».
Durante la audiencia de imputación, la empresaria se abstuvo de declarar y anunció que presentará su declaración por escrito.
Del decreto de imputación surge que la acusada, en su condición de socia de la firma Flor Azul, Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), realizó viajes en los que infringió la normativa impuesta para el ingreso de pasajeros provenientes de otras ciudades a la ciudad de Salta, en abril y mayo pasado.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio, a partir de las noticias que tomaron estado público en la provincia y que revelaron que, el pasado 9 de abril, llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado cada uno una suma de 3.500 pesos a la empresa de Silvia Magno.
Según la denuncia de la madre de uno de esos estudiantes, formulada en una entrevista radial, la empresaria concretó el traslado de los jóvenes tras lograr una “demorada” autorización, supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta.
En este sentido, el secretario de Seguridad del gobierno de Salta, Benjamín Cruz, aclaró que las autorizaciones de los viajes de repatriados son otorgadas por la Nación, e indicó que, de parte de la provincia, se activó el candado sanitario y de seguridad correspondiente.
De constancias extraídas de la página web de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte respecto de las autorizaciones que debió solicitar la empresa Flor Azul SAS sobre viajes informados por la División Policía Turística surge que no se registran pedidos de DUT (documento electrónico que debe generar la empresa) en viajes realizados los días 2 y 9 de abril y 10 de mayo.
Además de la falta de DUT, uno de los viajes -el del 2 de abril- se realizó en incumplimiento de la resolución del Comité Operativo de Emergencia de Salta (COE); al igual que el del 9 de abril, en relación al horario en que debían efectuarse los ingresos a la provincia.
Asimismo, se registra que los manifiestos de viajes concretados el 9 y 26 de abril y el 24 y 28 de mayo, en orden a la cantidad de pasajeros que debían ser traslados, fue superior en todos los casos a las declaradas al solicitar los DUT.
En tanto, en el viaje realizado el 28 de mayo, la acusada declaró como conductores a dos personas, y de acuerdo a los informes, fueron otros los choferes.
Los voceros advirtieron que la información contenida en los DUT no puede ser modificada, especialmente en el marco de la pandemia.
Por otro lado, la fiscal verificó que la empresaria solamente requirió autorización a la Subsecretaria de Transporte de la Nación para los viajes realizados los días 25 de abril y 27 de mayo.