El salario mínimo vale menos que en 2001 y no alcanza para la canasta básica
El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en la Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos desde principios de siglo, ya que hoy se ubica por debajo de los niveles de 2001 y perdió alrededor de un 64% de poder adquisitivo respecto del pico de 2011, lo que grafica con claridad la profundidad del deterioro salarial. En este contexto de fuerte ajuste, alta inflación y caída del consumo, el Gobierno retomó –forzado por la Justicia– la convocatoria al Consejo del Salario, aunque una vez más la mesa fracasó y todo indica que la nueva actualización volverá a definirse por decreto.
Un salario mínimo congelado y sin capacidad de protección
Desde agosto, el SMVM permanece congelado en $322.200 mensuales para quienes trabajan una jornada completa de 48 horas semanales, mientras que en el caso de los trabajadores jornalizados la remuneración mínima es de $1.610 por hora, valores que quedan rápidamente atrasados frente a la inflación y se ubican por debajo del costo de la canasta básica que mide la línea de pobreza.
De este modo, el salario mínimo dejó de funcionar como un verdadero piso de protección y pasó a ser una referencia meramente nominal que se desdibuja mes a mes, sin garantizar un ingreso compatible con las necesidades esenciales de las familias trabajadoras.
Un indicador que atraviesa toda la estructura social
Este impacto no se agota en los trabajadores formales de menores ingresos, ya que el SMVM funciona como referencia para múltiples prestaciones sociales administradas por la ANSES, como el seguro de desempleo y el Programa Acompañar para mujeres y diversidades víctimas de violencia de género.
Además, incide en negociaciones salariales y en el piso de actividades como el empleo doméstico y los convenios municipales, por lo que cada retraso frente a la inflación se expande como una mancha de aceite sobre el conjunto de la estructura social, golpeando con más fuerza a los sectores históricamente más vulnerables.
Un Consejo del Salario desnaturalizado y sin acuerdos
En este escenario, y después de seis meses sin reuniones, el Gobierno convocó nuevamente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito que reúne a representantes sindicales, cámaras empresariales y al Estado. Aunque las centrales obreras reclamaban un encuentro presencial y las cámaras patronales tampoco se oponían, la Secretaría de Trabajo resolvió que la reunión se realizara de manera virtual, lo que para los sindicatos limita la transparencia y empobrece el debate real.
El Consejo, integrado por 32 miembros, tenía como misión fijar periódicamente el valor del salario mínimo, pero la normativa prevé que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, el Poder Ejecutivo pueda definir la actualización por decreto. Así, desde la asunción de Javier Milei, el organismo viene siendo desplazado a un rol meramente consultivo, lo que desnaturaliza su carácter tripartito y refuerza el perfil unilateral de las decisiones salariales.
Brecha entre empresarios y sindicatos: el número que nadie acuerda
Durante la última reunión, las posiciones entre empresarios y sindicatos volvieron a exhibir una distancia profunda, por un lado, el sector empresario propuso incrementar la remuneración básica de $322.000 a $326.000 para fin de año y llevarla a $349.000 en abril de 2026, lo que implica un aumento de apenas $4.800 en el corto plazo, equivalente a un 1,5%, muy lejos de la inflación real. Las centrales sindicales impulsaron recomposiciones mucho más ambiciosas: la CGT planteó que el salario mínimo debía ubicarse en $512.000 en noviembre y subir a $553.000 en abril, postura acompañada por la CTA de los Trabajadores, mientras que la CTA Autónoma exigió un piso de $736.000.
De este modo, entre la oferta empresaria y los reclamos sindicales se abrió una brecha que oscila entre $200.000 y más de $400.000, lo que hizo prácticamente imposible arribar a un punto de equilibrio. Como consecuencia, el Gobierno dispone ahora de un plazo de cinco días para definir por decreto el nuevo valor del salario mínimo, en un contexto donde los estudios ya marcan una pérdida de poder adquisitivo superior al 35% desde diciembre de 2023.
El salario mínimo argentino, entre los más bajos de la región
La crisis del SMVM no solo se observa puertas adentro, sino también en la comparación regional. De acuerdo con estimaciones del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el salario mínimo argentino se ubica hoy en torno a los 225 dólares, lo que coloca al país por detrás de Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares).
En contraste, Costa Rica encabeza el ranking con unos 729 dólares, seguida por Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) y Ecuador (470 dólares). Así, la Argentina pasó de integrar la franja media-alta de la región a ubicarse entre los salarios mínimos más bajos de América Latina, un dato que sintetiza el retroceso estructural de los ingresos.
La devaluación del SMVM: el más bajo desde la salida de la convertibilidad
Paralelamente, distintos centros de investigación económicos vienen alertando sobre la magnitud del deterioro. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el SMVM actual es el más bajo desde la salida de la convertibilidad y que incluso se encuentra 6% por debajo del promedio de los años noventa, que a precios de hoy equivaldría a $342.483.
A su vez, un trabajo del IIEP (UBA–CONICET) muestra que desde diciembre de 2023 el salario mínimo perdió más del 35% de su poder de compra frente a la inflación y que, si se lo compara con 2011, la erosión asciende al 64%. Según esos cálculos, si el salario mínimo de 2011 se hubiera actualizado en forma constante por inflación, hoy debería ubicarse cerca de los $900.000, es decir, casi tres veces el valor vigente.
Más allá de que muchos convenios colectivos fijan remuneraciones superiores, el SMVM conserva un rol central como piso de referencia en numerosas negociaciones paritarias, como parámetro para mediciones oficiales de pobreza, indigencia, empleo y distribución del ingreso y como base de cálculo para prestaciones sociales tales como el seguro de desempleo o el Programa Acompañar.
Además, incide indirectamente en sectores que “negocian de reojo mirando el SMVM”, entre los que se encuentran las empleadas de casas particulares y muchos trabajadores municipales, según recordó el investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.
Por ende, mantener el salario mínimo en niveles tan deteriorados no solo perjudica de forma directa a quienes lo perciben, sino que también opera como un ancla regresiva que presiona a la baja el piso de los salarios registrados y de los programas sociales. En un contexto de ajuste del gasto público, el SMVM se transforma en una herramienta silenciosa pero muy efectiva para reducir el poder de compra de amplios sectores populares.
Movilización social y advertencia de un diciembre conflictivo
Este deterioro explica la creciente tensión entre el Gobierno, las centrales sindicales y las organizaciones de la economía popular. Mientras el Consejo del Salario deliberaba, la UTEP, las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otros espacios, se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo bajo la consigna de que el salario mínimo debe equipararse a la Canasta Básica Total, que el INDEC estima en más de $1,2 millones para una familia de dos adultos y dos niños.
En ese universo de trabajadores informales, cooperativistas y referentes comunitarios que sostienen comedores y espacios de cuidado, el Salario Social Complementario de $78.000 es descripto como un ingreso “pulverizado” por la inflación, mientras que las organizaciones denuncian que los programas de trabajo y acompañamiento social están congelados. Por eso advierten que, si no hay respuestas concretas, diciembre será un mes atravesado por nuevas protestas, asambleas y movilizaciones en todo el país.
Un salario que mide la crisis más que la protección
En síntesis, el retroceso del salario mínimo frente a la inflación y la canasta básica lo ha vaciado de su sentido original como herramienta de protección social, ya que dejó de garantizar un piso de ingresos que cubra las necesidades esenciales de las y los trabajadores y pasó a funcionar como un indicador de la crisis más que como un amortiguador de sus efectos.
Con el Consejo del Salario nuevamente bloqueado, el Gobierno a las puertas de definir por decreto un aumento que todo indica quedará lejos de las demandas sindicales y de la Canasta Básica, y con uno de los salarios mínimos más bajos de la región medido en dólares, la disputa en torno a su actualización se vuelve un termómetro decisivo del presente y del futuro del mundo del trabajo. En un país con larga tradición de organización y protesta social, la definición de este valor marca el humor de la calle, el margen de supervivencia de millones de hogares y la distancia entre un salario que apenas permite subsistir y otro que habilite el horizonte de una vida más digna.
Salarios en Misiones: trabajo en blanco que no alcanza y una pobreza que no cede
Misiones atraviesa un escenario salarial tensionado, donde incluso el empleo formal registrado queda muy por debajo del costo de vida y convive con niveles de pobreza que no logran perforar el piso alto de los últimos años. Aunque la inflación muestra una desaceleración respecto de 2024, el alivio en los precios no se traduce automáticamente en una mejora real en los ingresos de las familias trabajadoras, de modo que el “fin de mes” sigue siendo el centro de la preocupación cotidiana.
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, el salario promedio del sector privado registrado en Misiones ronda los $814.398 mensuales, mientras que el promedio nacional se ubica cerca de $1.251.248, lo que implica que los sueldos privados formales en la provincia están aproximadamente un 35% por debajo de la media del país. Esta brecha es especialmente significativa si se tiene en cuenta que se trata del segmento más protegido del mercado laboral, ya que deja afuera al empleo informal, a los monotributistas de bajos ingresos y a las changas, donde los ingresos suelen ser todavía menores.
Un salario promedio que se queda corto frente a la pobreza
Cuando esos salarios se cruzan con los datos de pobreza y con el costo de las canastas básicas, el desfasaje se vuelve más evidente. En el aglomerado Gran Posadas, por ejemplo, la pobreza en el primer semestre de 2025 alcanzó al 29,8% de los hogares y al 38,1% de las personas, mientras que la pobreza por personas a nivel nacional se ubica en torno al 31,6%, lo que muestra que Misiones se mantiene por encima del promedio del país.
A la par, el Índice de Pobreza Multidimensional elaborado por el IPEC Misiones indica que, en el primer trimestre de 2025, el 36,6% de los hogares de Posadas es pobre y el 20,8% indigente, es decir, con ingresos tan bajos que ni siquiera alcanzan para cubrir una canasta alimentaria básica. Así, incluso con una parte de la población ocupada y en blanco, una proporción muy alta sigue atrapada en condiciones estructurales de pobreza.
La canasta “digna” y el abismo con los ingresos reales
El análisis se profundiza cuando se incorporan los cálculos de organismos técnicos y sindicales sobre cuánto debería ganar un trabajador para vivir con dignidad. Según estimaciones recientes de ATE-INDEC para la región NEA, donde se incluye a Misiones, una persona que sostiene un hogar necesita alrededor de $1.804.450 mensuales para cubrir gastos esenciales y sostener un nivel de vida digno. Esa cifra más que duplica el salario promedio del empleo privado formal en la provincia, que ronda los $814.000, por lo que incluso el “privilegio” del trabajo registrado queda muy lejos de lo que se considera un ingreso suficiente.
En la práctica, esto significa que muchas familias que cuentan con uno o incluso dos ingresos formales, cuando se combinan salarios de baja escala o en sectores poco dinámicos, siguen sin poder cubrir de manera holgada los gastos de vivienda, alimentación, transporte, servicios y educación.
Sectores clave: doméstico, empleo público y economía informal
Si se mira con lupa algunos sectores, el panorama es todavía más delicado. En el caso de las empleadas de casas particulares, un termómetro clave de los salarios más bajos, los pisos establecidos a nivel nacional para noviembre de 2025 fijan una remuneración mínima de $374.541,36 mensuales con retiro y $416.485,63 sin retiro, con valores por hora que van de $3.052,99 a $3.293,99. Estos montos rigen también en Misiones, ya que la provincia no tiene un adicional por zona desfavorable, sin embargo la realidad muestra que muchas trabajadoras cobran por debajo de esos mínimos debido a la informalidad, la falta de registración y la escasa fiscalización.
Si se comparan esos salarios con la referencia de $1,8 millones que ATE-INDEC estima como ingreso “digno” para el NEA, aparece un dato contundente: una trabajadora doméstica en regla percibe menos de un cuarto de lo que se considera necesario para afrontar el costo de vida actual. En el caso del empleo público provincial y municipal, los informes de ATE-INDEC advierten que los sueldos de muchos escalafones quedan muy por debajo de esa canasta “digna”, lo que implica que una parte importante de quienes sostienen servicios esenciales del Estado también ve deteriorado su poder de compra.
A esto se suma la economía informal –changas, trabajo por cuenta propia, cooperativas de baja facturación– que en Misiones tiene un peso significativo y donde los ingresos suelen ubicarse incluso por debajo de los pisos formales. Esa combinación hace que miles de hogares dependan de una mezcla frágil de salarios bajos, ayudas sociales, trabajos temporarios y endeudamiento cotidiano.
Misiones en el mapa nacional: salarios bajos, pobreza alta
Si se ubica a Misiones dentro del mapa laboral argentino, el patrón es claro: los salarios privados formales, que promedian $814.398, se encuentran muy rezagados frente al promedio nacional cercano a los $1.251.248, lo que marca una brecha de alrededor del 35%. Al mismo tiempo, la pobreza en el área de Posadas roza el 40% de las personas, mientras que el NEA en su conjunto se mantiene como la región más pobre del país.
En paralelo, la canasta de gastos esenciales que ATE-INDEC calcula para el NEA supera ampliamente los $1,8 millones, por lo que el salario privado promedio en Misiones cubre menos de la mitad de ese monto. De este modo, la provincia combina salarios estructuralmente bajos, fuerte peso de actividades de baja productividad –yerba, té, tabaco, forestal, turismo de base regional– y un mercado laboral donde el empleo informal sigue teniendo una presencia muy significativa.
En síntesis, el panorama salarial en Misiones muestra una realidad que va mucho más allá de la cifra del recibo de sueldo: trabajo en blanco que muchas veces no llega a cubrir el mes, empleo informal que sobrevive con menos todavía y una pobreza que se resiste a bajar a niveles razonables.
