El registro de alimentantes morosos creció casi un 26% en un año en Misiones

 El registro de alimentantes morosos creció casi un 26% en un año en Misiones

El incumplimiento de la cuota alimentaria en Misiones volvió a mostrar un incremento significativo. De acuerdo con los datos publicados por el Superior Tribunal de Justicia a través del Registro Público de Alimentantes Morosos, actualmente hay 822 oficios vigentes de personas que adeudan la manutención de sus hijos, frente a los 633 registrados en mayo de 2025. La cifra representa un aumento cercano al 26% interanual.

Se trata de un listado dinámico que se actualiza mensualmente —generalmente alrededor del día 15— y que incluye a quienes, tras una resolución judicial, no cumplen con la obligación alimentaria. El registro es cambiante: algunos nombres se dan de baja cuando regularizan su situación, mientras que otros se incorporan a medida que se dictan nuevos oficios.

El análisis comparativo no es sencillo. El listado no está discriminado por municipios, por lo que requiere una revisión detallada nombre por nombre para determinar si los casos actuales corresponden a personas que ya figuraban anteriormente o si se trata de nuevos incumplimientos. “Es un informe bastante engorroso, porque están todos los municipios juntos y hay que revisar uno por uno”, señalaron fuentes consultadas.

En el caso de Puerto Iguazú, históricamente se ubica entre el tercer y cuarto municipio con mayor cantidad de morosos alimentarios en la provincia, detrás de Posadas y, en algunos períodos, Eldorado. Además, la mayoría de los inscriptos son hombres, con una proporción estimada de una o dos mujeres cada 130 casos.

Durante el último año, la tendencia mostró un crecimiento sostenido, con incrementos mensuales leves pero constantes. El nuevo corte de datos permitirá establecer si la cifra en Iguazú también experimentó un aumento en relación con los relevamientos anteriores.

Proyecto pendiente de reglamentación

En paralelo, continúa sin avances concretos el proyecto que busca establecer limitaciones administrativas para quienes figuren en el registro, como restricciones para realizar determinados trámites. La iniciativa, presentada el año pasado por el concejal Alejandro Verano, apunta a reglamentar la aplicación local de la normativa.

Si bien anteriormente la doctora Natalia Méndez Ferreira había impulsado una adhesión a la ley nacional —que fue aprobada—, la misma no llegó a reglamentarse. El nuevo proyecto permaneció en comisión y no obtuvo dictamen para ser tratado en el recinto.

El año pasado incluso se realizó una reunión con la jueza María Eugenia Fioranelli y con la secretaria de Gobierno, Marcela González, quien eventualmente tendría a su cargo la implementación en el ámbito municipal. Sin embargo, hasta el momento no hay definiciones sobre su tratamiento legislativo.

Con la renovación de autoridades en el Concejo Deliberante —presidente y nuevos concejales—, aún no se han explicitado cuáles serán los temas prioritarios de la agenda legislativa. En teoría, este jueves 19 debería realizarse sesión ordinaria, aunque todo dependerá de si se emiten dictámenes de comisión y si la presidencia decide incorporar estos temas al orden del día.

Mientras tanto, el Registro Público de Alimentantes Morosos continúa mostrando una tendencia ascendente que refleja una problemática persistente y de fuerte impacto social.

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