El divorcio administrativo será un trámite más ágil y menos oneroso, pero ya genera cuestionamientos entre los abogados
Desde el Registro de las Personas destacan que será todo más simple mientras que algunos abogados aseguran que sólo será factible si hay coincidencia plena de la pareja y donde no haya hijos menores ni bienes para dividir.
El proyecto de ley que el presidente Javier Milei envió al Congreso para que el proceso de divorcio sea más rápido y menos costoso, ya está generando debate entre algunos actores directos con opiniones divididas. Mientras desde el Registro de las Personas destacan la celeridad que tendrá el trámite, abogados del foro local cuestionan su implementación porque el reparto de bienes, es una de las principales trabas que atrasan en la actualidad la disolución que debe dictar un juez.
En la búsqueda por desburocratizar trámites y que la justicia se aboque a temas más urgentes, la idea del Ejecutivo Nacional ya comenzó el tratamiento legislativo. Mientras tanto, la probable aprobación e implementación de la normativa despierta comentarios de diferente índole.
La directora del Registro Provincial de las Personas, explicó a Misiones Online que “lo que hace el proyecto es incorporar un inciso más que determina la disolución del matrimonio en sede administrativa”.
En rigor, “los cónyuges que estén casados, presentes y de acuerdo, deben presentarse al Registro Civil del último domicilio conyugal y solicitar el divorcio en sede administrativa”, agregó.
Esa sería la dinámica si el plan del gobierno nacional, finalmente recibe luz verde en el Congreso. “Hasta hoy los divorcios son todos judiciales, por lo tanto, el Registro inscribe los divorcios a pedido de un juez, mediante un oficio”, recordó Echeverría.
¿En qué le cambiaría al Registro de aprobarse el divorcio administrativo?, “nos agrega trabajo porque sería un registro más. Registramos nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales y defunciones. Ahora sumaríamos el divorcio administrativo”, aclaró Echeverría.
Esas registraciones implican el cobro de algunas tasas judiciales, aunque la directora del Registro hizo la salvedad que “más allá de que se implemente el cobro de una tasa administrativa, todo será más rápido, mucho más que un juicio y será más económico”.
En el Registro de las Personas de Misiones, “tenemos unos 5 mil matrimonios anuales y casi 2 mil divorcios que registramos por año”, aportó Echeverría. Seguramente de aprobarse los cambios en la ley, el número de disoluciones aumentará. “Si una pareja tomó la decisión de divorciarse y se pusieron de acuerdo en todo, el trámite será muy sencillo”, consideró.
Actualmente, “con la reforma del código en el 2014, comenzó a funcionar lo que se llamó el divorcio express, pero también es un trámite judicial, donde cualquiera de los cónyuges, sin la necesidad del consentimiento de la otra parte, puede solicitar el divorcio y el juez lo va a disponer”, remarcó la funcionaria.
Diferente en la mirada de la abogada especialista en derecho de familia, Florencia Collinet, quien manifestó “todo el repudio a este proyecto de ley. No sólo porque tendríamos menos trabajo, sino por la imprecisión que tiene”.
En declaraciones, la abogada consideró que “está muy de moda implementar leyes sin la debida técnica legislativa y eso es muy preocupante. Son inconstitucionales y nulas”.
“¿Para qué se necesita esta ley, que se quiere solucionar para arreglar o simplificar?”, se preguntó la especialista. “Me parece que no va a simplificar e incluso no van a pagar menos, sino inclusive más”.
Desde la óptica de Collinet, “si se divorcian administrativamente y no hay un acuerdo de reparto de bienes como corresponde, el proceso será nulo y para solucionarlo tendrán que recurrir a la vía judicial. Perjudica no sólo desde el aspecto económico, sino que también deja desprotegida a las personas que no saben de derecho”.
La cuestión de fondo, según Collinet, “es que se pone en pugna la naturaleza jurídica de una institución como es la familia, que es transversal a todas las áreas del derecho. Sucesorios, obligaciones y el derecho de familia”.
No le ve futuro a la medida que pretende implementar el gobierno nacional, “porque en los años que llevo de profesión, nunca vi que una pareja esté de común acuerdo con separarse. Creo que será un porcentaje muy mínimo el que quiera separarse porque son muchos los requisitos que se necesitan y no todos los cumplirán”.
Por su parte, el abogado Martín Ayala, fue más cauto. “Es un proyecto para pensarlo. Hay que reconocer que se busca reducir los plazos para divorciarse, algo que no se logró con el divorcio express que continúa siendo un trámite judicial”.
