Denuncian irregularidades y falta de justicia en el caso de la escribana Mirta Festey
La abogada Patricia Ponce se refirió al caso de la escribana Mirta Festey, señalada en reiteradas oportunidades por presuntas maniobras fraudulentas en operaciones inmobiliarias en Puerto Iguazú. En diálogo con Radio Yguazú, Ponce recordó que en 2014 impulsó dos denuncias penales contra Festey, a raíz de casos en los que —según sostuvo— la profesional habría recibido dinero para realizar escrituras que nunca fueron inscriptas.
“Las personas que confiaron en ella iban luego a buscar su documentación y se encontraban con que los terrenos ya figuraban a nombre de otros”, explicó la abogada. Sin embargo, afirmó que las causas “terminaron sin justicia” y que las actuaciones fueron cajoneadas hasta ser declaradas prescriptas, no por inacción de la parte denunciante, sino “por inacción del expediente”.
Ponce sostuvo que Festey habría contado con protección en el ámbito judicial y político local, lo que habría impedido el avance de las investigaciones. “Litigar en Iguazú es un espanto. Todo funciona de acuerdo a las amistades. Ella estaba protegida”, señaló, apuntando además a una red de influencias integrada —según dijo— por “abogados, fiscales y funcionarios” que garantizan impunidad a ciertos sectores.
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Entre las acusaciones, la letrada mencionó presuntas irregularidades con escrituras de terrenos fiscales y hasta la firma de formularios de transferencia de vehículos a nombre de personas fallecidas. “Hasta los muertos firmaban”, graficó.
La abogada también cuestionó duramente la falta de respuesta del Colegio de Escribanos, al que recurrió en dos oportunidades sin obtener avances. “El colegio la protegió. Nunca tomaron medidas, pese a las pruebas presentadas. Y no se trata de proteger, se trata de hacer cumplir la ley. Una escribanía tiene una función pública que debe garantizar confianza”, enfatizó.
Ponce manifestó su desilusión con el funcionamiento de la justicia provincial: “Después de 40 años viviendo en Misiones, estoy muy decepcionada. Se tapan muchas cosas. El ejercicio del poder está organizado para proteger intereses. Así no hay seguridad jurídica ni confianza para nadie”.
La abogada concluyó pidiendo que, al menos, se le retire la matrícula profesional a Festey: “No puede ejercer una persona así. No puede seguir dando fe pública quien ha perdido toda credibilidad”.




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