Cruce de Diputados por tierras ocupadas y la propiedad privada
La polémica por el desalojo de familias instaladas en tierras privadas de Picada Guaraní, Fracrán, se trasladó a la Cámara de Representantes de Misiones, por el cruce entre diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Agrario y Social (PAyS).
De esa forma, en la sesión virtual realizada ayer, el legislador Ariel Pianesi del bloque radical cuestionó los dichos expresados días atrás por el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro en el momento en que convocó a una movilización de los desalojados frente al Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente para presionar e intentar que se de marcha atrás con la decisión judicial.
Así, Pianesi expresó: “Esos dichos generan miedo en la población y mucha incertidumbre, todo lo contrario a la seguridad jurídica que nosotros anhelamos para que se pueda invertir, producir y desarrollar”.
“Somos conscientes de la problemática de tierras que existe en Misiones, no solamente en los sectores productivos sino también en los cascos urbanos, de hecho en Posadas uno de los temas centrales es la regularización de tierras”, aclaró y añadió: “Pero ninguna solución puede llevarse adelante por fuera del diálogo, consenso y fundamentalmente de la ley”.
“Por eso declaramos nuestro absoluto compromiso con la inviolabilidad de la propiedad privada consagrada en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional y el artículo 51 de la Constitución Provincial, y repudiamos cualquier incitación a la usurpación de tierras en todo el territorio provincial”, sentenció.
Ante esto, el diputado Isaac Lenguaza del PAyS, dijo coincidir “en que se debe respetar la Constitución y las leyes que son fundamentales en un sistema republicano y democrático. Pero quiero aclarar sobre la situación que se está desviando la cuestión de fondo, porque más allá del respeto a la propiedad privada no nos estamos haciendo cargo concretamente de lo que está pasando en Misiones”.
“Son familias que perdieron todo, les destrozaron la casa, quedaron en la calle directamente. Hace mucho tiempo estas familias vivían en un lugar, construyeron una iglesia evangélica, el Estado les dio la posibilidad de tener luz eléctrica y se les abrieron caminos”, puntualizó sobre los desalojados.
“Pido al Gobierno provincial y a los legisladores de todos los espacios políticos que busquemos soluciones urgentes para estas familias”, completó.
Desde el mismo espacio político, Giuliana Perini solicitó que “se declare la preocupación por el brutal y desmedido desalojo ocurrido en Picada Guaraní”.
“Pensé que la pandemia que estamos viviendo nos iba a ser un poco más empáticos y solidarios pero parece que no es así. Hace semanas desalojaron brutalmente a estas familias productoras, con mujeres embarazadas, niños y niñas. Son familias que vivían hace años y que hoy los llaman usurpadores”, argumentó y amplió: “Tenían luz eléctrica a su nombre, boletos de compra venta del terreno, una escuela satelital, plantaciones de yerba, tabaco, poroto, mandioca, y todos los alimentos que les da la tierra. Estas personas no son usurpadoras, son trabajadores”.
Al mismo tiempo, detalló que “compraron las tierras con su esfuerzo de años y lo hicieron de buena fe. Ahora los obligan a irse a un barrio popular en las ciudades para que después una ONG tenga que hacerse cargo de ellos o se van a tener que conformar con un plan social o una tarjeta alimentaria”.
“Hay que preguntarse si ese es el futuro que queremos para los productores misioneros. Desde nuestro Partido no es eso lo que queremos, ni vamos a permitir que pase. Hay que empezar a discutir el tema de las tierras, las leyes están escritas y somos respetuosos de ello, pero también creemos que para proteger un derecho no hace falta vulnerar otro”, afirmó.
A su turno, Jorge Lacour de la UCR, consideró que “el hecho que no estemos de acuerdo con las usurpaciones o la intrusión, no significa que tengamos posiciones distintas respecto a la necesidad de solucionar el problema de la tierra que sufre mucha gente. Es importante hacerlo pero es una responsabilidad del Estado que debe resolver estas cuestiones. Y pretendemos que se respete la ley y la justicia”.
Primeraedición
