Cristina, más acorralada que nunca

Los máximos jueces del país despejaron ayer el camino para que el tribunal oral juzgue y decida sobre la causa por corrupción del kirchnerismo con los dineros del Estado

Ahora se entiende por qué de pronto algunos jueces de la Corte Suprema habían sido fuertemente agraviados por el kirchnerismo en los últimos días. En síntesis, los máximos jueces del país despejaron ayer el camino para que el tribunal oral juzgue y decida sobre la causa por corrupción del kirchnerismo que tiene el trámite más avanzado; es la que investiga la corrupción de los Kirchner con la obra pública (incluida Cristina Kirchner) y, sobre todo, la complicidad de la principal familia política argentina con Lázaro Báez. Esa causa está por ingresar en el período final de alegatos y, según una información coincidente, el fiscal Diego Luciani está preparando una conmovedora exposición sobre la corrupción en la obra pública con los dineros del Estado. Cristina Kirchner no quería que el juicio oral llegara al instante en que se abriera el micrófono del fiscal Luciani, porque supone que ese alegato será por sí solo una condena. La Corte habilitó de hecho ayer a Luciani para que pueda exponer su “yo acuso” y facultó al tribunal oral para que decida si la condenará o no.

Esta causa se inició en 2008 con una presentación de Elisa Carrió por asociación ilícita en la concesión de obras públicas. La primera denuncia incluía a Néstor Kirchner, pero luego Carrió agregó a Cristina Kirchner. El juez que recibió la denuncia, Julián Ercolini, intuyó que alguna verdad se escondía detrás de esa presentación porque nunca archivó la causa; la dejó abierta. Varios años después, un impecable y duro informe de los fiscales Ignacio Mahíques y Gerardo Pollicita sirvió de fundamento para que Ercolini dictara el procesamiento de la actual vicepresidenta y mandara el caso a juicio oral y público. El tiempo pasó porque en los años de Cristina Kirchner, Vialidad Nacional se negó a responder los requerimientos de la Justicia. Solo cuando se hizo cargo el director de Vialidad en tiempos de Macri, Javier Iguacel, los fiscales y el juez pudieron avanzar en su pesquisa. De ahí que Cristina Kirchner culpa a Macri de toda su desventura judicial.

El abogado Carlos Beraldi tiene fama de buen defensor en los tribunales penales de Comodor Py. Pero para quien leyó las resoluciones de ayer de la Corte Suprema ese prestigio no es merecido. En varios párrafos, el tribunal sostuvo que “la defensa no logró demostrar” o que “la defensa no agrega nada”. Fue, en el fondo, un severo cuestionamiento a las condiciones de abogado de Beraldi. ¿Ejemplo? En un planteo de que existía cosa juzgada porque ya había un juicio terminado en -cuándo no- Santa Cruz, ni siquiera adjuntó una copia de esa supuesta sentencia. También la sentencia fue un duro golpe a la autoestima vicepresidencial. Beraldi planteó que su recurso revestía gravedad institucional. ¿Por qué? Porque se juzgaba a la vicepresidenta de la Nación. La Corte le contestó, sin dar nombres, que la presencia de importantes funcionarios en una causa (léase Cristina Kirchner) no necesariamente cubren al caso de gravedad institucional. Es decir: que esté Cristina en el trámite judicial no significa que sea grave para las instituciones, ni mucho menos. Beraldi planteó también que su recurso revestía una enorme “trascendencia”. ¿Por qué? Porque el recurso refería a una causa ciertamente trascedente que interpela a la honestidad de la familia Kirchner. Respuesta de la Corte: un recurso no es trascendente porque esté dentro de un caso trascedente. Un recurso es solo un recurso. Dicho con otras palabras, la presencia de Cristina Kirchner en la causa no la convierte a esta en un caso de gravedad institucional ni su recurso tiene la trascendencia que ella le dio siempre. De hecho, la vicepresidenta viene hablando de esos recursos y de la demora de la Corte Suprema en expedirse como una dejación de justicia, convencida, tal vez, de que el máximo tribunal no podría ignorar la importancia de la encartada. El ego de la vicepresidenta resultó magullado en la redacción de las resoluciones finales de la Corte.

La decisión del tribunal fue elaborada por la nueva mayoría que controla la Corte, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El cuarto juez, Ricardo Lorenzetti, se enteró en la mañana de este martes, cuatro horas antes de que se diera a conocer, del contenido preciso de las resoluciones de los otros tres jueces. Lorenzetti conocía de antemano, sin duda, la decisión final de la mayoría de la Corte, pero no el trazo exacto de sus escritos. Sin embargo, Lorenzetti firmó en el acto, seguramente sin detenerse mucho en su lectura, los argumentos y las resoluciones que habían elaborado los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Una disidencia lo hubiera dejado demasiado cerca del oficialismo.

En dos de los tres planteos de Cristina Kirchner para frenar el juicio por la obra pública, la Corte señaló que no existe sentencia definitiva. Esa es una larga jurisprudencia del tribunal. Si la Corte interviniera en causas en trámite significaría, salvo que exista una flagrante violación del derecho de las personas a un juicio justo, una subestimación de las instancias inferiores, un desprecio a la opinión de los jueces que trabajan e investigan en estamentos por debajo del máximo tribunal. La resolución era obvia porque la Corte ya se había expedido en el mismo sentido en casos que hurgan en la gestión de Julio de Vido, por ejemplo, entre varios exfuncionarios más. El tercer planteo pretendía que la causa que está en juicio oral se declarara cosa juzgada; es decir, que se aplicara el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Existe, en efecto, una causa parecida en Santa Cruz, donde familiares, amigos y vecinos de los Kirchner controlan la Justicia, en el que hubo sobreseimientos. Pero resulta que en esa causa no figura el nombre de Cristina Kirchner. La Corte le recordó ayer que para que se aplique el principio de cosa juzgada el nombre de la persona imputada debe estar en las dos causas. Elemental. La exitosa abogada debería volver a la Facultad de Derecho y su exitoso defensor merece tener trabajos menos lucrativos. Para peor, la Corte demolió con un par de párrafos todo el relato del lawfare cuando rechazó uno de los planteos; señaló que nunca se probó que se tratara de una maniobra “política, judicial y mediática” para afectar a Cristina Kirchner. Esa es la definición del lawfare, el escudo discursivo del cristinismo para alejar a su lideresa de las sospechas de corrupción. La Corte no encontró ningún argumento para respaldar que tal ficción es una realidad. El periodista Diego Cabot puede dormir tranquilo, porque ese mismo abogado, Beraldi, defensor de la vicepresidenta y abogado del Presidente, es quien promete en sus desvaríos tuiteros que dejara desnudo y en la calle al periodista por las muchas indemnizaciones que deberá pagar por haber calumniado a sus defendidos.

Para levantar el dedo y amonestar se necesita un requisito previo: tener autoridad moral. Cristina Kirchner la perdió hace rato y la volvió a perder ayer, justo un día después de que se subiera a una tribuna para hablar de lo humano y de lo divino. En rigor, habló para increpar al Presidente por la gestión económica de este. La gestión económica es mala, pero las recetas de Cristina Kirchner son arcaicas; prescriben el remedio de un economía capitalista, según ella, controlada por la “lapicera” de un líder. Es el boceto del capitalismo de amigos de Putin, de la boliburguesía venezolana y también, de alguna manera, del capitalismo chino, aunque este es más ortodoxo. Sorprende que Cristina Kirchner se escandalice ahora por lo mismo que sucedía en su gobierno. Fustigó la salida de capitales (y, sobre todo, de dólares) del sistema financiero, que es la natural consecuencia de la falta de confianza en los líderes políticos y en la conducción económica. Si se mirara en el espejo, podría ver que a ella le pasó exactamente lo mismo. En octubre de 2011, cuando ella fue reelegida como presidenta por más del 54 por ciento de los votos, salieron del sistema financiero 3000 millones de dólares. La votaban, pero le desconfiaban. Tal drenaje de divisas la obligó un mes después a aplicar el primer cepo al dólar.

La puesta en escena de la central obrera paralela, la CTA, le sirvió a Cristina para darle un furioso empujón a Alberto Fernández. Uno más. Solo faltó en ese lunes frío e ingrato que se paseara con un helicóptero de cartón, como hacían sus seguidores cuando gobernaba Mauricio Macri. Cristina Kirchner es destituyente con Macri o con Alberto Fernández. Puede ser la consecuencia de su desesperación ante la certeza de una derrota inevitable.

El triunfo de Gustavo Petro en Colombia, candidato de un frente de izquierda, le dio a ella y a sus simpatizantes el discurso necesario para señalar que la izquierda no se está yendo de América Latina, sino que está volviendo. Ese discurso podría encontrar en octubre una nueva prueba con el probable triunfo de Lula en Brasil. Exceso de ideologismo. Las sociedades están votando contra los gobiernos, no por las ideologías. Sea por la pandemia, por la inflación internacional o por los ajustes a la economía, lo cierto es que los derrotados son los que mandan. Cristina Kirchner mostró sus simpatías hasta cuando habló de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. “La guerra ente Rusia y Ucrania”, dijo, como si la guerra hubiera sido una decisión de dos países. Fue la invasión de Rusia a Ucrania, un país soberano, donde existe ya una drama humanitario inmerecido. No es una guerra; fue una invasión, de la que Ucrania se defiende como puede. Pero Cristina es amiga de Putin y no disimula nada. Es como es y lo hace público. Desde su desprecio por Alberto Fernández hasta sus simpatías por todos los autoritarios que mandan en el mundo de los déspotas.

La Nación