Congreso: con la reforma laboral y la agenda penal como ejes, arrancan las sesiones extraordinarias
El Congreso Nacional inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero, con una agenda limitada y bajo control del Ejecutivo. La reforma laboral y la Ley Penal Juvenil concentran el núcleo del debate político, en un escenario atravesado por negociaciones con gobernadores, aliados parlamentarios y fuertes resistencias de la oposición.
La convocatoria quedó formalizada a través del Decreto 24/2026, publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial, que habilita exclusivamente el tratamiento de los proyectos incluidos en su anexo. De esta manera, el Gobierno fijó un marco temporal y temático preciso para las extraordinarias, acotando la posibilidad de incorporar iniciativas fuera del listado oficial.
La Casa Rosada busca avanzar con proyectos considerados estratégicos antes del inicio del período ordinario, el 1 de marzo. Además de la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil, el temario incluye la adecuación de la Ley de Glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, y la eventual aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser remitido por el Ejecutivo.
En las últimas semanas se sumó formalmente la Ley Penal Juvenil y no se descarta la incorporación de nuevas iniciativas, como una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, impulsada por gobernadores del sur en el contexto de los incendios forestales y respaldada por el PRO, uno de los principales socios legislativos del oficialismo.
Reforma laboral: el impacto fiscal tensiona las negociaciones
La reforma laboral aparece como el proyecto central de las extraordinarias, pero también como el más conflictivo. El principal foco de tensión con las provincias está en su capítulo tributario, especialmente en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta directamente los recursos coparticipables.
La iniciativa propone bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según estimaciones oficiales basadas en las proyecciones del Presupuesto 2026, la medida implicaría una merma total de recaudación de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias. En promedio, las jurisdicciones dejarían de percibir unos $144.000 millones mensuales durante 2026.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene contactos con gobernadores en busca de apoyos, dentro del Gobierno conviven dos posturas: una que apunta a sostener el texto original y otra que admite ajustes para destrabar votos clave. El objetivo oficial es lograr la media sanción en febrero, aunque reconocen que las negociaciones siguen abiertas, especialmente en el Senado.
Desde el Ejecutivo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma al afirmar que “fortalece los derechos de los trabajadores” y que busca fomentar el empleo formal mediante la reducción de costos que hoy desalientan la contratación. Gobernadores dialoguistas, en tanto, condicionaron su respaldo a la creación de mecanismos de compensación por la pérdida de recursos fiscales.
Edad de imputabilidad y debate penal
Otro eje sensible de las extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con la que el Gobierno impulsa la baja de la edad de imputabilidad. La propuesta original fija el límite en 13 años, aunque en la Casa Rosada admiten que podría elevarse a 14 si eso facilita acuerdos.
El proyecto retoma el dictamen obtenido el año pasado en Diputados, que consensuó una edad mínima de 14 años, penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde bloques dialoguistas advirtieron sobre la falta de infraestructura y recursos para sostener el sistema, mientras que el PRO alertó que llevar la edad a 13 años duplicaría la cantidad de menores bajo custodia estatal.
El oficialismo prevé iniciar el debate en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que su tratamiento en el Senado quede para el período ordinario.
Estrategia oficial y presión opositora
En la previa del inicio de las extraordinarias, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa, con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Bullrich mantuvo además reuniones con bloques dialoguistas del Senado y aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales. En paralelo, el kirchnerismo intensificó la presión sobre los gobernadores para que rechacen el proyecto. Desde ese espacio señalaron que aún hay un grupo de senadores sin posición definida y respaldaron el rol de la CGT, que anunció una movilización para el día del debate en la Cámara alta.
El clima político se tensó aún más tras los cruces públicos entre el Gobierno nacional y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, profundizando la confrontación entre Nación y provincias en la antesala de un debate parlamentario que promete ser uno de los más ásperos del inicio del año legislativo.
