Confirmaron la prisión preventiva de un abogado misionero acusado junto a Marcelo Corazza por explotación sexual infantil
La Cámara de Casación rechazó un recurso de la defensa y ratificó que el letrado de Oberá seguirá detenido por presunta participación en una red de trata y abuso de menores.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Luis Altamirano Marín, abogado acusado de integrar una organización delictiva dedicada a la trata de personas y explotación sexual infantil. De este modo, quedó firme su prisión preventiva por los delitos de abuso sexual agravado y asociación ilícita.
Según la investigación, Altamirano Marín formaría parte de la misma red que integraba Marcelo Corazza, ganador de la primera edición del programa televisivo Gran Hermano, quien permanece detenido por cargos similares desde el año pasado.
El fallo fue dictado el jueves por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Confirmaron las resoluciones previas que procesaron al letrado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal contra un menor identificado como “víctima V”, además de su rol dentro de una estructura criminal dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación sexual.
Altamirano Marín fue detenido en abril en la ciudad de Oberá, Misiones, en un operativo conjunto de la Policía de la Ciudad y Gendarmería Nacional. Su arresto se produjo en el marco de una causa iniciada tras una denuncia anónima presentada en octubre de 2022 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que derivó en una serie de allanamientos y detenciones.
Además de Corazza y Altamirano Marín, se encuentran imputados Francisco Angelotti Notarbartolo, señalado como jefe de la organización; Leandro Aguiar; Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet. Las víctimas eran reclutadas, principalmente en Misiones, bajo falsas promesas y trasladadas a Buenos Aires y otras provincias. Al menos diez personas declararon como víctimas directas de los abusos.
El expediente principal fue elevado a juicio en junio del año pasado por el juez federal Ariel Lijo, quien también ordenó la detención de Corazza por corrupción de menores y exhibiciones obscenas. En paralelo, dispuso profundizar la investigación respecto a otros posibles integrantes de la red. Como resultado de esas actuaciones, fue apresado Altamirano Marín, quien se desempeñaba en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Oberá.
La defensa del abogado, a cargo de Jorge Waldemer Meier, había presentado un recurso de casación en el que alegó que la resolución era equiparable a una sentencia definitiva y que existía una afectación al derecho de defensa. Entre sus argumentos, sostuvo que no se habían concluido las pericias electrónicas que, según su criterio, podrían demostrar la inocencia del imputado. Además, pidió una recalificación del delito de abuso sexual agravado a abuso simple y planteó la apertura de una nueva investigación contra la víctima.
El recurso fue rechazado de manera unánime por los camaristas, quienes consideraron que no cumplía con los requisitos legales para su tratamiento. “El recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo que permita equipararla a definitiva”, sostuvo Borinsky en su voto.
En las instancias anteriores, la Sala I de la Cámara Federal porteña había considerado probada, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal, la pertenencia de Altamirano Marín a la organización delictiva. Respecto al abuso sexual, se dio por acreditado que, en 2018, el abogado realizó un acto sexual sobre la víctima mientras esta dormía.
El Tribunal destacó como prueba los chats entre Altamirano Marín y Aguiar, en los que el abogado manifestaba su interés en contactar nuevas víctimas. Estos intercambios fueron valorados como evidencia de una colaboración activa en el funcionamiento del esquema delictivo.
Los jueces también fundamentaron la prisión preventiva en el riesgo procesal derivado de la gravedad de los delitos imputados, que prevén penas elevadas.
La causa principal está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de que se fije la fecha del juicio oral.
