¿NO DEBERÍA EL GOBIERNO DE MISIONES PONER EN FUNCIONAMIENTO, DESPUÉS DE 30 AÑOS, EL ORGANISMO DE CONTROL DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS?
Desde 1995, Misiones cuenta con una ley que contempla la creación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), destinado a controlar a las prestatarias del servicio y proteger los derechos de los usuarios. Sin embargo, el organismo no funciona efectivamente. Su puesta en marcha permitiría que los ciudadanos cuenten con una instancia de control frente a Energía de Misiones y las cooperativas eléctricas.
En momentos en que los reiterados cortes de energía, las fluctuaciones de tensión y los daños en electrodomésticos generan preocupación entre los usuarios de distintos municipios de Misiones, sería oportuno que el Gobierno provincial avanzara en una decisión institucional pendiente desde hace más de tres décadas: poner en funcionamiento el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
No se trata de crear una nueva estructura ni de impulsar una legislación desde cero. El organismo ya fue contemplado por una ley sancionada hace más de 30 años. Lo que falta es hacerlo funcionar efectivamente.
UNA LEY QUE ESPERA SU APLICACIÓN
El 27 de diciembre de 1995, la Legislatura provincial sancionó la Ley N.º 3270, promulgada el 2 de enero de 1996, actualmente identificada como Ley X – N.º 17 del Digesto Jurídico de Misiones.
La normativa estableció el Marco Regulatorio Eléctrico provincial y dispuso, en su artículo 65, la creación del EPRE como organismo autárquico encargado de ejercer funciones de regulación y fiscalización sobre el sector eléctrico.
Su ámbito de actuación comprende a las empresas distribuidoras, incluida Energía de Misiones S.A., donde el Estado provincial tiene participación, y las cooperativas eléctricas.
El objetivo es garantizar que las prestatarias cumplan con sus obligaciones y que los usuarios dispongan de una autoridad reguladora ante la cual puedan plantear sus reclamos.
EL USUARIO NO PUEDE DEPENDER SOLAMENTE DE LA EMPRESA A LA QUE RECLAMA
Actualmente, cuando un vecino sufre daños en sus electrodomésticos como consecuencia de una presunta falla eléctrica, debe iniciar su reclamo ante la propia empresa que le suministra el servicio.
Es decir, el usuario debe acudir inicialmente a la misma prestataria a la que atribuye la responsabilidad por el perjuicio sufrido.
Si no obtiene una respuesta satisfactoria, puede recurrir a Defensa del Consumidor o a la Justicia, con los tiempos, trámites y dificultades que ello representa.
Precisamente para evitar que el ciudadano quede sin una instancia especializada de control, resulta fundamental contar con un ente regulador independiente y operativo.
El EPRE podría fiscalizar la calidad del suministro, intervenir en controversias, controlar el cumplimiento de las obligaciones de las distribuidoras y actuar dentro de las facultades establecidas por la legislación.
PUERTO IGUAZÚ, UN EJEMPLO DE LA NECESIDAD DE CONTROL
Los reiterados cortes de energía registrados en Puerto Iguazú durante las últimas semanas demuestran la importancia de contar con mecanismos efectivos de fiscalización.
Los vecinos sufren interrupciones del servicio, mientras comerciantes, empresarios y prestadores turísticos enfrentan inconvenientes que afectan directamente sus actividades.
A esto se suma la preocupación por las reconexiones, las fluctuaciones de tensión y los posibles daños en equipos eléctricos.
Frente a estas situaciones, los usuarios necesitan algo más que comunicados de las empresas explicando las causas de los inconvenientes.
Necesitan una autoridad independiente que pueda exigir información técnica, controlar las inversiones, verificar la calidad del suministro y determinar si las prestatarias cumplen con sus obligaciones.
UNA DECISIÓN QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL PODRÍA TOMAR EN 2027
Sería una señal institucional importante que el Gobierno de Misiones decidiera poner en funcionamiento durante 2027 el organismo regulador contemplado por la legislación provincial desde 1995.
No solamente representaría un avance en materia de transparencia y control de los servicios públicos, sino también un reconocimiento concreto de los derechos de los ciudadanos frente a las empresas prestatarias.
Para ello, sería indispensable garantizar que el EPRE cuente con autonomía, recursos técnicos, presupuesto y capacidad efectiva de fiscalización.
Después de más de 30 años, los misioneros merecen contar con un organismo que controle a las empresas eléctricas y les permita defender sus derechos ante las deficiencias del servicio.
La provincia ya tiene una ley que contempla esa herramienta.
Lo que hace falta es la decisión política de ponerla en funcionamiento.
Porque cuando se trata de un servicio público esencial, el Estado no solamente debe garantizar su prestación: también tiene la responsabilidad de controlar a quienes lo brindan y proteger a los ciudadanos que lo pagan.



