DENUNCIARON PENALMENTE A JAVIER MILEI POR INCITACIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
La presentación judicial contra el presidente Javier Milei quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia se originó por expresiones del mandatario durante una cena de la Fundación Faro, en las que mencionó a reconocidos periodistas en el contexto del caso $LIBRA.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2026. El presidente de la Nación, Javier Milei, fue denunciado penalmente por presunta incitación a la violencia colectiva contra periodistas, en una causa que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, bajo el expediente 5595/2026.
La presentación fue realizada por el Instituto Independencia, representado por su presidenta, Daniela Alejandra Bambill, y la Asociación Civil Centro de Estudios Bonaerense “El Ceibo”, encabezada por Joel Vinicius Sverdlik, con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Aníbal Valmaggia.
Las declaraciones que originaron la denuncia
Según consta en la presentación difundida por los denunciantes, los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre, durante una cena organizada por la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero.
En esa oportunidad, Milei habría mencionado expresamente a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Luis Novaresio, Paulino Rodrigues y Natalia Volosin, además de referirse a otros comunicadores que abordaron públicamente el caso de la criptomoneda $LIBRA.
De acuerdo con la denuncia, el mandatario expresó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, una frase que los denunciantes consideran potencialmente constitutiva del delito de incitación a la violencia colectiva.
La presentación también señala que, posteriormente, el Presidente difundió un meme dirigido a los periodistas mencionados.
Los argumentos de la denuncia
Los denunciantes sostienen que la gravedad de las expresiones debe analizarse considerando que fueron pronunciadas por la máxima autoridad del Estado y dirigidas hacia periodistas identificados con nombre y apellido.
También argumentan que las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente hostilidad hacia el ejercicio del periodismo, situación sobre la que, según indican, existen registros del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
La denuncia invoca principalmente el artículo 212 del Código Penal, referido a la incitación pública a la violencia colectiva.
De manera subsidiaria, solicita que se investigue la posible comisión de otros delitos, entre ellos intimidación pública, amenazas e incitación al odio por motivos políticos.
Solicitan medidas de protección para los periodistas
Entre las medidas requeridas a la Justicia se encuentran la preservación del registro audiovisual del discurso presidencial, la citación de los periodistas mencionados y la adopción de medidas de protección a su favor.
Los denunciantes también dejaron planteada la posibilidad de constituirse como querellantes en el expediente.
La causa quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar la presentación y las medidas solicitadas.
Por el momento, se trata de una denuncia penal y no de una determinación judicial sobre la existencia de los delitos atribuidos al Presidente.
