El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental y el proyecto pasó a Diputados
El Senado de la Nación otorgó media sanción, durante la madrugada de este viernes, al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo.
La propuesta impulsada por el Gobierno nacional introduce modificaciones en los criterios para las internaciones involuntarias, refuerza el rol de los médicos psiquiatras en los equipos de atención e incorpora la ludopatía dentro de las problemáticas vinculadas a las adicciones.
El texto aprobado presenta modificaciones respecto del proyecto original enviado por la Casa Rosada. Entre los puntos que se mantuvieron figura la prohibición de crear nuevos manicomios, establecida en la legislación vigente desde 2010, y el principio de que la internación debe continuar siendo un recurso excepcional.
Uno de los principales cambios está relacionado con las condiciones para disponer una internación involuntaria. El proyecto establece que deberá comprobarse la existencia de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, con la intervención y firma de dos profesionales.
Además, la medida deberá ser comunicada al juez competente dentro de las primeras 24 horas. La autoridad judicial tendrá un plazo de tres días para convalidarla, solicitar nuevas evaluaciones o disponer la externación, según corresponda.
La iniciativa también establece que desde el primer día de internación deberá elaborarse un plan de egreso. En aquellos casos en que la permanencia supere los 180 días, se considerará una internación prolongada y se activará la intervención de oficio del Órgano de Revisión.
Más participación de psiquiatras y nuevas herramientas de atención
Otro de los aspectos centrales de la reforma es el fortalecimiento del papel de los psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios de salud mental. También se habilitan las teleconsultas con especialistas en aquellas localidades donde no exista disponibilidad de profesionales.
El proyecto incorpora, además, la posibilidad de que las personas establezcan directivas anticipadas para aceptar o rechazar determinados tratamientos y designen a alguien de confianza que pueda expresar su consentimiento cuando no estén en condiciones de hacerlo.
En relación con las adicciones, se amplía el alcance de la normativa para incluir expresamente la ludopatía, una problemática vinculada al juego compulsivo.
Financiamiento y atención de niños y adolescentes
Durante el debate, uno de los principales puntos de discusión fue el financiamiento de las políticas de salud mental. El senador Guillermo Andrada reclamó garantías presupuestarias para las provincias y señaló que la falta de recursos fue uno de los obstáculos para la implementación de la legislación vigente.
Como parte de las modificaciones incorporadas, el texto contempla un esquema de financiamiento federal mediante convenios bilaterales coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA).
En cuanto a la participación familiar, la propuesta delimita quiénes podrán intervenir como referentes de las personas que requieren atención, incluyendo padres, hijos, cónyuges, convivientes y representantes legales. Cuando no existan responsables identificados, el Estado deberá garantizar los apoyos y dispositivos comunitarios necesarios.
Para niños y adolescentes, se establece que la atención deberá desarrollarse en dispositivos diferenciados de los destinados a adultos, garantizando el derecho a ser escuchados y evitando la criminalización de los consumos problemáticos.
Durante el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que la posibilidad de intervenir a tiempo permite proteger tanto a las personas con problemas de salud mental como a la sociedad.
Con la media sanción del Senado, la reforma continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde se definirá si los cambios propuestos quedan incorporados a la Ley Nacional de Salud Mental.
