El concejal Alejandro Verón denunció ante la Fiscalía una presunta usurpación en la Reserva Natural Poilo Miranda
El arquitecto Alejandro Verón, concejal de La Libertad Avanza de Puerto Iguazú, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción por la presunta ocupación ilegal de un sector de la Reserva Natural Municipal “Poilo Miranda”, un espacio verde protegido creado en 2004 y destinado a la conservación de la biodiversidad.
La presentación judicial, recibida el 15 de octubre de 2026, advierte sobre la presencia de personas y construcciones precarias dentro del área protegida, ubicada en el sector de las 2.000 Hectáreas de Puerto Iguazú, en cercanías de la cuenca del arroyo Del Medio.
Según consta en la denuncia, se habría constatado visualmente la existencia de edificaciones precarias y sectores delimitados con alambres, sin carteles de obra ni elementos que permitan identificar una intervención autorizada por el municipio. El concejal sostiene que estas ocupaciones podrían afectar la flora y fauna autóctonas y comprometer la conservación de uno de los espacios naturales protegidos de la ciudad.
La Reserva Poilo Miranda fue creada mediante la Ordenanza Municipal N.º 82/04 y forma parte del patrimonio ambiental de Puerto Iguazú. En su presentación, Verón invoca legislación nacional, provincial y municipal vinculada con la protección del ambiente, además del artículo 181 del Código Penal argentino, referido al delito de usurpación.
Pedido de investigación y medidas urgentes
A través de la denuncia, el edil solicita que la Justicia investigue los hechos, identifique a los posibles responsables y determine si existió una ocupación ilegal de tierras públicas. También requiere medidas urgentes para impedir nuevas intervenciones, evaluar las responsabilidades correspondientes y garantizar la restitución del espacio a sus condiciones de conservación.
La presentación incluye fotografías que, según el denunciante, documentan las construcciones y los alambrados observados en el lugar.
Por el momento, se trata de una denuncia presentada ante la Fiscalía, por lo que corresponderá a la investigación judicial determinar la situación legal de las ocupaciones, la eventual existencia de delitos y las posibles responsabilidades.
El caso vuelve a poner en discusión la protección efectiva de las reservas naturales municipales de Puerto Iguazú, una ciudad cuya identidad turística y ambiental está directamente vinculada con la conservación de la selva paranaense.
