El silencio también es corrupción
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Finalmente se supo. No por la vía institucional, no por transparencia, y mucho menos por voluntad política. Se supo porque extraoficialmente comenzó a circular el recibo de sueldo de un concejal de Puerto Iguazú, mostrando que un edil estaría percibiendo más de 2 millones de pesos mensuales por su función dentro del Concejo Deliberante. El pasado 24 de marzo presenté una nota formal, amparado en las leyes de acceso a la información pública, tanto nacional como provincial. Pedí algo básico en una democracia: saber cuánto cobran los concejales, cuántos empleados tiene el cuerpo deliberativo y cómo se administra el dinero de los contribuyentes. No pedí favores. No pedí información privada. Pedí transparencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú no respondió oficialmente ninguno de esos requerimientos, incumpliendo claramente con el espíritu de las leyes de acceso a la información pública.
Y acá aparece el verdadero problema. Porque cuando un funcionario no quiere mostrar cuánto gana, cuántos empleados tiene o cómo administra recursos públicos, lo que se genera no es confianza. Se genera sospecha. Hoy los vecinos descubren que un concejal percibiría más de 2 millones de pesos mientras gran parte de la comunidad enfrenta salarios bajos, falta de trabajo y enormes dificultades económicas. Y en medio de esta situación, según distintas versiones políticas, el bloque oficialista de la Renovación, conducido por Carlos Ríos, incluso habría planteado la necesidad de aumentar las dietas porque las actuales serían insuficientes. Pero también hay que decirlo con honestidad: concejales opositores sostuvieron que antes de discutir aumentos para la política, debía mejorarse la escala salarial de los empleados municipales de menor categoría, muchos de los cuales perciben ingresos muy por debajo de lo que cuesta vivir dignamente en Puerto Iguazú. Ese es el debate de fondo. No solamente cuánto gana un concejal, sino cuáles son las prioridades de una dirigencia política en una ciudad donde miles de vecinos hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes.
Por eso voy a insistir. Voy a volver a presentar la nota y además solicitaré las declaraciones juradas patrimoniales de todos los integrantes del cuerpo deliberativo, principalmente de los concejales. Porque los cargos públicos no son privilegios. Son responsabilidades. Y en democracia, el silencio institucional también puede transformarse en una forma de corrupción.
