El Senado debate este miércoles la reforma de Salud Mental: internaciones no voluntarias y foco en adicciones
El Senado de la Nación comenzará este miércoles el debate de la reforma de la ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno, en un plenario de comisiones que promete fuertes discusiones. La iniciativa propone habilitar internaciones no voluntarias y reconocer las adicciones como parte de las enfermedades de salud mental, dos puntos que generan respaldo en familiares de pacientes y rechazo en sectores políticos y organizaciones de derechos humanos.
El Senado de la Nación Argentina debatirá este miércoles el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental enviado por el Gobierno nacional, cuyo eje principal es la habilitación de internaciones “no voluntarias” y la incorporación de las adicciones a las drogas como una enfermedad dentro del sistema de salud mental.
La iniciativa será tratada en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General a partir de las 16.30. La comisión de Salud se constituirá ese mismo día y designará como presidenta a la senadora de La Libertad Avanza, Ivanna Marcela Arrascaeta, mientras que Legislación General está presidida por la también libertaria Nadia Márquez.
El proyecto cuenta con el respaldo de familiares de personas con adicciones, quienes sostienen que la normativa vigente no brinda herramientas eficaces para abordar estos casos. En contraste, la propuesta es rechazada por sectores del kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.
Uno de los capítulos centrales del texto aborda las adicciones, al establecer que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. En ese sentido, el proyecto señala: “El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo, y debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”.
En relación con las internaciones, la reforma introduce cambios sustanciales. Uno de los puntos más relevantes es la flexibilización de los criterios, permitiendo que puedan realizarse sin el consentimiento del paciente, algo que la ley vigente —sancionada en 2010— restringe a situaciones excepcionales.
El nuevo texto reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Además, subraya que “la internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”.
Asimismo, establece que “debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente”.
El proyecto también fija controles judiciales sobre estas decisiones. En ese marco, dispone que la “internación involuntaria debidamente fundada” deberá ser comunicada a un juez en un plazo de 24 horas, y que dentro de las 48 horas se deberá remitir toda la documentación correspondiente.
Entre los puntos principales de la iniciativa, se destaca un cambio en el enfoque del tratamiento: se otorga un rol central a la mirada técnico-médica, en particular a los psiquiatras, por sobre el esquema interdisciplinario vigente. Si bien se mantiene la necesidad de equipos interdisciplinarios, se establece como requisito la presencia obligatoria de un médico psiquiatra.
De este modo, la evaluación médica tendrá mayor peso en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, algo que no ocurría con la legislación actual. A su vez, se mantiene el principio de que la internación debe ser un recurso excepcional, aunque se habilita la posibilidad de recurrir a internaciones no voluntarias en casos de “situación de riesgo grave de daño”.
Por último, la iniciativa incorpora formalmente el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental, y faculta a la autoridad de aplicación a definir dispositivos específicos de atención, tanto ambulatorios como de internación.
El debate en el Senado marcará el inicio de un tratamiento legislativo que se anticipa intenso, con posturas enfrentadas sobre un tema sensible que involucra derechos individuales, salud pública y el rol del Estado.
