La Justicia dejó firme un fallo que libera a Cristina Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa civil de Vialidad

 La Justicia dejó firme un fallo que libera a Cristina Kirchner de pagar $22.300 millones en la causa civil de Vialidad

La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó un fallo que favorece a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al declarar la “caducidad de la instancia” en la demanda civil por la que el Estado le reclamaba un resarcimiento de $22.300 millones por el presunto perjuicio económico derivado de las obras públicas investigadas en la causa Vialidad.

La decisión, revelada por Clarín, se tomó debido a la inactividad procesal de la parte demandante, es decir, del propio Estado a través de Vialidad Nacional, que no impulsó el expediente en el plazo previsto por ley.

El fallo fue resuelto por los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, quienes ratificaron la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos. La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Luis Goldin, había pedido la caducidad argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023.

Caducidad por inacción

El argumento central del fallo es que Vialidad Nacional no tomó nuevas medidas procesales durante los seis meses previstos por el Código Procesal Civil y Comercial. Pese a los intentos del organismo estatal de justificar la demora, los camaristas destacaron que “el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”, por lo que correspondía declarar la caducidad.

En su resolución, los jueces remarcaron que esta figura busca “evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia”.

La causa penal sigue activa

Este fallo corresponde exclusivamente a la causa civil, destinada a reparar el daño económico. No afecta el proceso penal que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py, donde continúa vigente la ejecución del decomiso de bienes por $685.000 millones, dispuesto en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

De este modo, mientras la expresidenta quedó liberada de pagar el resarcimiento civil, el juicio penal avanza por carriles independientes.

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