El Gobierno de Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero pospuso su aplicación
El Gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina cómo será financiada. La medida quedó oficializada este lunes a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
No obstante, el Ejecutivo aclaró que la entrada en vigencia de la ley quedará postergada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional. De este modo, si bien la legislación ya forma parte del marco normativo, su implementación dependerá de la definición legislativa en materia presupuestaria.
Con la promulgación de esta norma, el Gobierno buscó dar un paso formal en la puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque la postergación de su aplicación abre un nuevo capítulo de debate en el Congreso respecto de los recursos que se destinarán a su cumplimiento.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley N° 27.793 declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus medidas principales se incluyen:
- Creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
- Acceso obligatorio al Programa Incluir Salud, que cubre prestaciones básicas y de alto costo.
- Actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Compensaciones económicas de emergencia a prestadores, calculadas según la diferencia entre aumentos de aranceles y la inflación medida por el INDEC.
- Extensión a tres años de eximición parcial de contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado.
Según el decreto, la implementación total de la ley demandaría más de 3 billones de pesos, lo que equivale al 0,35 % del Producto Bruto Interno, sin contar el posible aumento de beneficiarios ni la ampliación del Programa Incluir Salud.
Por qué su aplicación está suspendida
El Decreto 681/2025 aclara que, aunque la ley fue promulgada, su ejecución está suspendida hasta que el Congreso incluya las partidas necesarias en el presupuesto nacional. El Ejecutivo fundamenta la decisión en:
- La falta de financiamiento específico previsto en la ley.
- La obligación legal de no ejecutar gastos sin fuentes presupuestarias concretas, según el artículo 5° de la Ley N° 24.629.
- La insuficiencia del crédito presupuestario disponible, incluso si se destinaran todas las partidas del Estado Nacional, lo que afectaría servicios esenciales como seguridad, justicia y alimentación en cárceles.
