Más irregularidades en la ANDIS: de la falsificación de la firma de un médico en Misiones a una funcionaria demorada por agresiones
La auditoría en la provincia incluyó constancias con la rúbrica apócrifa de un cardiólogo de Pergamino. El gobierno de Misiones presentó un amparo para frenar la baja de pensiones por invalidez.
La derrota electoral sufrida por Javier Milei en la provincia de Buenos Aires no logró desviar la atención del mayor escándalo que golpea a la gestión libertaria: las presuntas maniobras fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las últimas horas, el caso sumó un capítulo insólito en Misiones, donde una auditora oficial fue demorada por la policía tras agredir a periodistas que registraban cómo se falsificaban firmas médicas en plenos operativos de revisión de pensiones.
La funcionaria fue identificada como Laura Alicia Báez, quien quedó filmada atacando a un equipo periodístico de Crónica TV en la localidad de 25 de Mayo. Según la denuncia policial, no sólo rompió equipos de transmisión, sino que además protagonizó incidentes con autoridades locales. Su vehículo, un Chevrolet Prisma gris en el que viajaba junto a otros cuatro empleados de la Agencia, fue interceptado en Campo Grande y trasladado a la comisaría. La causa quedó bajo el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá.
La firma robada de un médico de Pergamino
La gravedad del episodio creció cuando se comprobó que las constancias entregadas a los beneficiarios llevaban la firma y sello falsificados de Leandro Peñaloza, un cardiólogo de Pergamino que jamás trabajó para la Agencia. «Alguien estuvo usando un sello profesional a mi nombre que es evidentemente falso: no coincide la tipografía ni la firma», denunció el médico en diálogo con la prensa.
El profesional sostuvo que nunca había visto una maniobra semejante en más de cinco décadas de carrera y confirmó que ya inició acciones judiciales por usurpación de identidad. Este hallazgo dejó al descubierto un mecanismo irregular que, según las propias autoridades provinciales, afectó al menos a un centenar de casos en Misiones.
Un proceso plagado de irregularidades
La ANDIS había sido intervenida tras el escándalo de los audios que comprometieron a su extitular Diego Spagnuolo en presuntas coimas. Sin embargo, el desembarco de Alejandro Vilches no puso fin al proceso de auditorías, que continuó con la misma lógica de ajuste sobre las pensiones por invalidez laboral.
El gobernador misionero Hugo Passalacqua presentó un amparo federal para frenar los operativos y exigir la restitución de las pensiones suspendidas. «Es algo impiadoso y espantoso. Teníamos que ir a la Justicia para que esta gente responda por sus acciones», sostuvo.
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, advirtió que los procedimientos carecen de transparencia: «No se puede garantizar imparcialidad si no hay médicos en el proceso».
La oposición exige explicaciones
La oposición nacional apuntó de lleno a la administración de Milei. Legisladores de Unión por la Patria denunciaron que el oficialismo insiste en descargar el ajuste sobre los sectores más vulnerables, mientras evita dar explicaciones sobre la corrupción interna de la ANDIS.
En tanto, organizaciones civiles como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron denuncias judiciales contra el Estado por omitir información sobre las auditorías, un reclamo que aún no obtuvo respuesta.
DCQ
