Paraguay refuerza la seguridad en la frontera con Brasil ante posible amenaza criminal
La Policía Nacional del Paraguay ordenó reforzar la seguridad en Ciudad del Este y zonas aledañas, tras recibir una alerta sobre presuntos movimientos sospechosos vinculados a una organización criminal que operaría en la frontera con Brasil. La medida fue implementada la noche del jueves 12 de junio e incluye la intensificación de patrullajes en los municipios de San Alberto, Minga Porã, Itakyry y Santa Fe del Paraná, ubicados en el departamento de Alto Paraná.
De acuerdo con el diario ABC Color, la alerta fue recibida por escrito y advertía sobre la presencia de un grupo armado que podría estar planificando un acto delictivo de gran magnitud. La banda estaría compuesta por ciudadanos brasileños y paraguayos, y se especializaría en asaltos a gran escala.
“Recibimos una alerta por escrito de que un grupo de personas armadas planeaba algún tipo de acto delictivo, principalmente en la zona norte de Alto Paraná y en el área central de Ciudad del Este”, explicó el comisario Feliciano Martínez, director regional de la Policía Nacional.
Entre los posibles blancos del grupo se encuentran entidades financieras, sucursales bancarias y almacenes de productos electrónicos. Asimismo, se incrementó la vigilancia en rutas y puntos estratégicos para prevenir asaltos a camiones de carga.
La operación de seguridad se mantendrá de forma indefinida y estará sujeta a la información que surja del intercambio de datos entre las fuerzas de seguridad paraguayas y brasileñas.
Investigaciones por corrupción dentro de la Policía
En paralelo a este despliegue preventivo, el Ministerio Público paraguayo inició una investigación contra varios agentes de la Policía Nacional por presuntos actos de corrupción. El caso más relevante fue denunciado el 10 de junio por un ciudadano brasileño de 55 años, quien acusa a uniformados del Departamento de Investigaciones de haberlo secuestrado y extorsionado.
Según la denuncia, el hombre fue retenido durante varias horas bajo amenazas de muerte por parte de los policías, quienes habrían exigido dinero a cambio de su liberación. El hecho se encuentra bajo análisis judicial y podría derivar en sanciones penales y administrativas para los responsables.
