Los efectivos de la patrulla del DAM habrían informado a la comisaría que vieron al joven tragar algo y que barajaron que se le realizaría un análisis médico profundo y posible lavaje de estómago o alguna medida similar para prevenir lo que finalmente ocurrió, la muerte del joven.
Los padres de Fernando se presentaron ayer a denunciar la detención y el fallecimiento ante el fiscal de Instrucción 6, René Germán Casals. Se activó de inmediato el pedido de investigación más amplia y que determine si existió abuso de poder policial en la aprehensión y la posible mala praxis si se prueba que el médico no observó ningún síntoma de intoxicación pese a que habría sido alertado de la ingesta de la bolsa con cocaína.
Reacción y “nuevo protocolo”
Cuando los jefes policiales tomaron conocimiento del hecho, se ordenaron comunicaciones internas para que se observen, “en adelante”, los procedimientos preventivos de detención que despliegan los efectivos de turno en recorridas de calle o en procedimientos puntuales.
Se dispuso que las demoras y aprehensiones no se registren en las actas como correspondientes a “un sospechoso que no supo justificar su presencia en el lugar”. Tampoco que se “encontraba en actitud sospechosa”. Para evitar problemas y que no recaigan denuncias sobre los uniformados, les sugirieron el eufemismo siguiente: “Justificar con averiguación de medios de vida, moralidad y costumbres”.
El nivel de escándalo que se desató quedó plasmado en otra polémica sugerencia de jefes hacia subalternos: “Evitar detener por detener, no jugar competencias a ver quien detiene más, nuestro trabajo no es ése”.
Para sumar preocupación, este medio también pudo tomar contacto con disposiciones aún más complejas: “Si se procede a la detención debe ser justificado, como por ejemplo, un arma de fuego, un arma blanca, herramientas que podría ser utilizadas en la comisión de hechos”. “O ser conocido como autor de hechos delictivos”, es decir por “conocido de la comisaría”.
Respecto a este último punto, desde la Dirección General de Seguridad se aconsejó como “una salida elegante, para evitar problemas innecesarios (SIC)”, confeccionar un registro en cada seccional “de las personas que se identifica, con sus datos de domicilio, identificación” y si “tienen o no antecedentes penales”.
Silencio habitual
Sobre lo sucedido a Fernando Javier Ramírez, hasta anoche ningún organismo de control o relevamiento de posibles violaciones a los derechos humanos se acercó o tomó contacto con las autoridades policiales y judiciales.
Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y del Ministerio de Derechos Humanos no se remitió preocupación alguna. En el caso de la CPPT, las reacciones habitualmente trascienden una vez que las muertes o lesiones toman estado público por medios de comunicación o las propias víctimas solicitan ayuda.
Fuente: Primera Edición
