Los trabajadores estatales aeronáuticos realizarán un nuevo paro este jueves que afectará a 27 aeropuertos del país, entre ellos los de Posadas e Iguazú
Este jueves, 27 aeropuertos argentinos se verán afectados por un paro de trabajadores aeronáuticos estatales de la ANAC, en conjunto con asambleas de empleados de Aerolíneas Argentinas. La medida coincide con un conflicto creciente entre gremios y el Gobierno, que busca declarar la actividad como esencial.
La actividad en los principales aeropuertos del país volverá a verse afectada este jueves debido a un paro de trabajadores estatales aeronáuticos que dependen de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida, organizada por ATE, tendrá una duración de al menos 11 horas y coincidirá con asambleas de empleados de Aerolíneas Argentinas pertenecientes a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
El cese de la prestación de servicios se realizará en dos franjas horarias: entre las 6:00 y las 12:00, y nuevamente entre las 17:00 y las 22:00. Durante estos períodos, solo se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado, según informaron desde ATE.
En Misiones, se verían afectados varios vuelos, entre ellos Iguazú-Aeroparque, Aeroparque-Iguazú, Iguazú-Jujuy, Aeroparque-Posadas, Posadas-Aeroparque y Córdoba-Iguazú.
El secretario general de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, explicó: “Esta medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto”.
Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la medida de ANAC “no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos”. Belelli confirmó que el cese de tareas no afectará la operación del control aéreo de las terminales, pero sí “los servicios que complementan a la torre de control”. Estos incluyen áreas administrativas, reglamentarias, de fiscalización y gestión de licencias aeronáuticas, así como servicios operativos como el control terrestre de los aeropuertos, sanidad aeronáutica y extinción de incendios.
En un contrapunto con el Gobierno, Belelli advirtió que la medida de fuerza “bajará el nivel de categoría de asistencia a los aeropuertos” y destacó el alto impacto de la acción gremial. “Si deciden no informar a los usuarios de esta situación, corren el riesgo que se vuele en aeropuertos que no cuentan con el sistema necesario para atender a las aeronaves”, resaltó.
La huelga se comunicó formalmente el pasado 11 de septiembre, con un plazo de “cinco días hábiles de anticipación”. Desde las redes sociales, el sindicato señaló que “es responsabilidad del Gobierno generar un esquema de vuelos alternativos fuera de las franjas horarias de la medida de fuerza” y que no hubo ninguna comunicación para abrir un canal de negociación.
Un conflicto en escalada
El paro de los gremios aeronáuticos de APLA y Aeronavegantes causó, entre el viernes y sábado pasados, pérdidas millonarias en Aerolíneas Argentinas, afectando a más de 37 mil pasajeros y paralizando la actividad en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza.
El conflicto se profundizará este jueves con nuevas asambleas para definir la continuidad de las acciones. “Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, afirmó un dirigente gremial del sector aeronáutico.
Entre las alternativas bajo análisis, los sindicatos evalúan concretar otro paro de actividades en forma inmediata, posiblemente este mismo fin de semana. Otra opción es paralizar las tareas en los centros de capacitación de pilotos y auxiliares de a bordo, lo que afectará el servicio a mediano plazo debido a la falta de personal con permisos revalidados. Desde ATE indicaron que la tensión con el Poder Ejecutivo no es por “motivos políticos o partidarios”, sino por “despidos y situaciones que han puesto luces de alerta en nuestra organización”. “Vamos a trabajar para lograr una salida de este conflicto y que se puedan normalizar las operaciones para ese día”, planteó Belelli.
La escalada del enfrentamiento entre los gremios y la gestión de Javier Milei incluye la aplicación del decreto que declaró como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial. Este decreto obliga a los sindicatos a avisar cualquier medida de fuerza con cinco días de anticipación y a garantizar servicios mínimos del 50% para no ser considerada ilegal. Los gremios APLA y AAA no acatarán el decreto y se presentarán en la Justicia para impugnarlo, argumentando que “atenta contra el derecho constitucional de huelga y va en contra de lo establecido en la materia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
“Es ilegal e ilegítima la medida que dispuso el Gobierno. Vamos a ir a la Justicia, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el derecho de huelga es fundamental y sólo puede estar regulado cuando hay un peligro superior, como la vida humana”, sostuvo el titular de APLA, Pablo Biró.
El sindicato de pilotos también se prepara para resistir la decisión del Gobierno de excluir a Biró del directorio de Aerolíneas en la asamblea de la empresa que fue citada para este viernes.
Según Aerolíneas Argentinas, el motivo para remover al sindicalista del directorio es que su accionar público y gremial “ha sido desleal y en detrimento de los intereses de la empresa”. La acción se basa en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que estipula la responsabilidad ilimitada de los directores por los daños ocasionados a Aerolíneas.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, anticipó que “se les va a reclamar al sindicato y a él por los daños y las pérdidas que le han generado a la compañía”. Para el presidente de Aerolíneas, Fabián Lombardo, se trata de un trámite burocrático a pedido de la Secretaría de Transporte, mayoritaria accionista de la empresa. En los sindicatos creen que el Gobierno se endureció porque quiere “privatizar la empresa o incluso cerrarla”. En el Congreso ya hay gestiones en el oficialismo para reactivar un proyecto en este sentido.
