El empresario argentino Luis Darnay, presidente de Norwich S.A., acusado de supuesta estafa en relación al edificio Vistalago de Encarnación, se presentó ante el Ministerio Público tras haberse librado una orden de captura en su contra y negó ante la fiscalía las denuncias en su contra.
En declaraciones a periodistas en el lugar, aseguró que desde junio del año pasado están haciendo entrega de departamentos y cocheras a los propietarios que invirtieron en el condominio. En ese punto, señaló que el 95% de los inmuebles fueron entregados y sostuvo que se hará lo propio con los que están pendientes cuando finalicen las obras.
“Hay un saldo deudor que la empresa no pudo cobrar, y en base a eso estamos viendo de qué forma alcanzar la terminación de la construcción para obtener el final de obra correspondiente y seguir con los trámites de transferencia. Superado ese escollo, seguramente vamos a transferir porque no es de ninguna manera ninguna intención de apropiarnos de los departamento”, afirmó.
Al ser consultado por las denuncias de “reventa” de los departamentos, Darnay hizo su descargo y marcó que se trató de un caso donde el primer inversor dejó de pagar las cuotas.
“El señor Juan Carlos V. adquirió un departamento en abril de 2018 y dejó de pagar en julio del 2020. Transcurrió 6 meses del 2020, transcurrió todo el 2021 sin que el señor pague nada y en el 2023 Norwich vende ese departamento. O sea, luego de 34 meses de que el señor haya pagado la última cuota, Norwich atendiendo al contrato donde dice que la falta de pago de determinada cantidad de cuotas habilita a la empresa de pleno derecho a, sin intimación ni judicial ni extrajudicial, a tomar la posesión nuevamente de su departamento”, se defendió.
Tras su descargo en la fiscalía, la orden de detención contra él fue anulada, pero sigue siendo objeto de investigación.
El caso
El proyecto inmobiliario Vistalago en Encarnación, liderado por la empresa Norwich S.A. y su presidente Luis Ramón Darnay, se ha convertido en un escándalo que afecta a 80 familias.
Iniciado en 2018, prometía lujo y comodidad, pero algunos inversores denunciaron los departamentos no fueron terminados y carecen de las aprobaciones municipales necesarias, lo que impidiría su transferencia legal.
Los compradores, compuestos por emprendedores, empresarios y profesionales independientes, tanto locales como extranjeros, invirtieron entre USD 60.000 y USD 90.000 por unidad.
