La Corte Suprema dejó firme la condena a tres empresarios misioneros por el delito de asociación ilícita fiscal
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la primera condena por asociación ilícita fiscal en la provincia de Misiones, marcando un hito en la lucha contra el fraude tributario en Argentina. El fallo, emitido este martes, mantiene las penas de entre cuatro y seis años de prisión para los involucrados en una sofisticada red de evasión impositiva. Dos ya están detenidos.
La organización delictiva, que operaba desde el año 2000, creaba empresas fantasma y emitía facturas falsas que luego vendía a compañías legítimas, principalmente del sector yerbatero. El esquema fraudulento permitía a estas últimas generar créditos fiscales apócrifos, causando un significativo perjuicio al fisco nacional.
Los condenados son Luis Ramón Sayas (63 años), sentenciado a seis años como jefe organizador; Oscar Luis Ocampo (55 años), a cinco años como organizador; y Ricardo Galarza (64 años), a cuatro años como integrante de la asociación ilícita. Dos de ellos se encuentran actualmente detenidos, mientras que el tercero permanece en libertad.
Este caso, impulsado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), representa la primera aplicación exitosa de la figura legal de asociación ilícita fiscal, que penaliza específicamente la creación de redes organizadas para la evasión de impuestos.
La investigación se inició en 2008 tras la denuncia de dos amas de casa que fueron engañadas para figurar como directivas de una de las empresas fantasma. Estas firmas, con domicilios fiscales inexistentes en cafés y plazas de Posadas, emitían facturas fraudulentas que luego eran adquiridas por empresas legalmente constituidas.
Al rechazar la apelación de los condenados, la Corte Suprema validó las sentencias previas del Tribunal Oral Federal de Posadas y de la Cámara de Casación, consolidando así un importante precedente en la lucha contra la evasión fiscal organizada en Argentina.
Dos amas de casa como “prestanombres”
La asociación ilícita fiscal contactó en el 2005 a dos mujeres como “prestanombres”, Gloria Concepción Rojas -de nacionalidad paraguaya- y Dora Carísimo, con domicilio de Oberá, quiénes figuraban como las socias gerentes de las empresas apócrifas, sin tener conocimiento de ello.
Los empresarios acusados les hacían firmar documentos y cesión de cuotas societarias, poderes y hasta chequeras en blanco a las mujeres, como titulares de las empresas fantasmas. Mediante ello, emitían facturas truchas y las vendían a empresas legales, de las cuales se mencionan; Establecimiento Santa Ana S. A. (yerba CBSé) y Holowaty de Apóstoles.
En el 2008, las amas de casa “prestanombres” descubrieron el ardid de los empresarios y los denunciaron ante la AFIP. En aquel momento, la justicia ordenó una serie de allanamientos en los domicilios de los involucrados y se secuestró una profusa y voluminosa documentación, que vinculaban a los imputados con las empresas apócrifas. Dicha documentación se ventiló durante el juicio, que culminó con la condena de tres empresarios y un contador absuelto.