Aplican multa de $160 millones a un gremio por adherir al paro del 24 de enero
En un contexto de tensión creciente con los gremios, el Gobierno castigó a la Asociación del Personal Aeronáutico por haber adherido a la huelga de CGT.
El gobierno aplicó una multa de 160 millones de pesos a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por su participación en el paro nacional del 24 de enero convocado por la CGT. La sanción fue resuelta por la Secretaría de Trabajo. Y se produjo en un contexto de agravamiento de la tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo a partir de la huelga y la oleada de amparos contra el capítulo laboral de la reforma libertaria, uno de los cuales presentó con acogida favorable el gremio del personal en tierra del sector aerocomercial.
La penalidad dineraria fue dispuesta por entender que el sindicato -el más numeroso de la actividad- incumplió una conciliación obligatoria dictada por Trabajo a pedido de Aerolíneas Argentinas para evitar la medida de fuerza.
No obstante, la conducción de Aerolíneas Argentinas denunció la extensión de la medida de fuerza ante la cartera laboral, a cargo de Omar Yasín. Aquella repartición dictó la conciliación obligatoria aunque sin precisar si debía cumplirse durante todo el 24 de enero o sólo por la primera mitad del día -el rango horario supuestamente no incluido en la protesta- y APA resolvió seguir adelante con la huelga.
En un trámite inusualmente veloz, la Dirección de Inspecciones Federales de Trabajo dictaminó por sancionar a APA y le aplicó la multa por 160 millones de pesos, que se basa en la falta de prestación de tareas de 106 empleados aeronáuticos. Ninguna otra compañía aérea siguió esa estrategia. Aunque el equipo jurídico del gremio trabaja en una apelación, la multa fue aplicada bajo una norma que impone pagarla antes de tramitar la queja.
APA consideró la resolución en su contra «claramente intimidatoria, antisindical, ilegal y violatoria de derechos consagrados por la Constitución nacional y Convenios Internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ratificados la Argentina». El gremio alegó haber informado «oportunamente» a las empresas aeronáuticas, a sus afiliados y «a la opinión pública» de la medida de fuerza por 24 horas.
«Sin embargo, el Gobierno nacional, en complicidad con algunas gerencias de Aerolíneas Argentinas (en particular, la de Alejandro Morón) y otras empresas, montó un show judicial y mediático a través de un juzgado de la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, por el cual la Secretaría, pretende ilegalizar la medida de fuerza y sancionar a nuestro sindicato, llegando al extremo absurdo de intentar multar a la organización por ejercer sus derechos en una cifra multimillonaria, imposible de pagar», añade un comunicado.
La organización liderada por Llanos añade que «en momentos en que el DNU 70/23 y la proyectada ‘ley ómnibus’ se caen a pedazos» los aeronáuticos no permitirán «este ataque sistemático» contra los trabajadores.
