Bono de fin de año: empresas misioneras analizan pagar en 2 o 3 cuotas

El empresariado de Misiones todavía analiza cómo afrontará el pago del bono de hasta $24 mil que estableció el Gobierno días atrás. En algunos casos, ya se hizo efectivo, pero en otros piensan hacerlo en dos o tres cuotas para cumplir con la obligación.

Desde las Cámaras de Comercio de distintas localidades señalaron que “la situación es compleja porque muchos rubros están golpeados. Uno de los puntos que generó malestar al sector empresario es la desinformación por parte del Gobierno nacional, ya que aseguraron que desde el principio quedaron muchas dudas sobre cómo debe efectuarse el pago”.

Cabe recordar que la medida fue oficializada por el Gobierno nacional a través del decreto 841/2022 publicado en el Boletín Oficial de la Nación. Este bono está destinado a más de 4,5 millones de trabajadores del sector privado que cobran menos de $185.859, que es el monto límite que establece el decreto, equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

En el documento se aclaró la forma en la que los trabajadores deben percibir esa ayuda. Es así que se explicó que “cobran un bono de $24.000 los trabajadores que en diciembre de 2022 perciban salarios netos menores o iguales a $161.859. Mientras que cobran un bono variable de menor monto quienes perciban en diciembre más de $161.859. En este caso, el monto del bono variable será equivalente a la diferencia de $185.859 y su salario”.

Por otra parte, quienes tengan una jornada inferior a la legal o a la determinada por su convenio de trabajo, recibirán un bono proporcional a las horas trabajadas.

PRIMERA EDICIÓN habló con integrantes de las Cámaras de Comercio sobre la situación de sus socios y cómo harán frente al pago del bono.

Carlos María Beigbeder, empresario del rubro alimenticio e integrante de la Cámara de Comercio de Posadas, comentó: “Lo vamos a ir pagando. Algunas empresas lo harán en cuotas y otras de una sola vez. Eso se irá viendo según la salud financiera que tenga cada empresa”.

Señaló que “este es un bono que el Estado nacional nos obliga; no es un pedido como el que hizo el Centro de Empleados de Comercio, sino que tiene otro carácter”.

Asimismo, Beigbeder indicó que “la mayoría de las empresas lo va a asumir y lo va abonar, aunque en algunos casos no será en una sola cuota. El Gobierno nacional obliga ciertas cosas, pero -entiendo- que en la práctica suceden otras”.

Malestar generalizado

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Leandro N. Alem y empresario del rubro electrodoméstico, Juan Pablo Velona, expresó que “se habló con los socios. No estaban de acuerdo, ya que era pesado porque tenemos sueldos y aguinaldos en este mes, y este bono suma una carga a fin de año”.

Apuntó que “estamos cerrando un año que no es el mejor . Hay varios rubros que están bastantes golpeados y estas fechas no son buenas porque todo se para y algunos están de vacaciones, y con el bono se suman más complicaciones”. En su caso particular, describió que “como empresa tomamos la decisión de ver cómo afrontamos en dos o tres veces, pero con paciencia”.

En consecuencia, Velona se mostró molesto por la forma en la que el Gobierno Nacional hizo el anuncio de esta ayuda. “La información no fue clara desde el principio. Quedaron muchas dudas y ahora salieron a aclarar ciertos puntos, siendo que eso tendrían que haber explicado de entrada”, deslizó.

Sostuvo que “lo que molesta es la falta de información porque salió todo a las apuradas; no programan con tiempo. Es un teléfono descompuesto que tenemos y es el malestar más grande, por lo menos de mi parte. Nos levantamos y no sabemos qué van a inventar en el día”.

Explicó que “cuando los empleados escuchan que sale un bono, a veces piden un adelanto. En mi caso tengo personal que solicitó un adelanto y hoy ellos deben a la empresa porque por ejemplo, el que trabajó menos de un año no cobra los $24 mil. Pero esa información tenemos que salir a buscarla con los empresarios, porque hay desorden al comunicar las cosas”.

“Mes fatal”

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro, Raúl Añais, describió que “están complicados los socios para hacer el pago, y que estaban viendo cómo hacer para afrontar este compromiso. Muchos no saben cómo lo harán. Algunos hablan de hacerlo en cuotas”.

Al respecto, aseguró que “en San Pedro tenemos el problema de que se cayeron mucho las ventas, y diciembre fue un mes fatal para nosotros”.

Mencionó que “el sector comercial fue muy afectado. Es complicado hacer frente a este bono que no estaba previsto”.

Por último, Añais remarcó: “No tener las reglas claras afecta. Acá tenemos comercios chicos, y un movimiento chico no es como las grandes empresas que pueden tener fondos para poder financiar los recursos a última hora. Nosotros tenemos que hacerlo con fondos genuinos. Todo esto que no estaba previsto antes nos saca de eje”.

Presentaron el primer amparo para suspender una medida

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ACLISA) presentó una acción de amparo en contra del Estado por el decreto 841/2020, que establece el pago de un bono de hasta $24 mil para trabajadores con salarios netos inferiores a los $185.859, y solicitó una medida cautelar para que el DNU no se aplique para la entidad. Es decir que sus asociados no estén obligados a abonarlo.

Según el escrito que presentó el estudio Escuti y recayó en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, el decreto sería inconstitucional porque el Poder Ejecutivo “carece de facultades para legislar en la materia referida y tiene su génesis en cuestiones ajenas a las descriptas en el propio texto, muy probablemente políticas y relacionadas con la impericia del propio estado en materia económica”, informó el medio La Nación que accedió al escrito presentado en el Juzgado.

Además, no existiría la urgencia e imprevisibilidad requerida que implicaría “una grave lesión a los derechos y garantías constitucionales, tanto de orden nacional como provincial, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación en que se encuentra el sector de la sanidad”, agregó.

Solicitaron que, hasta tanto se resuelva la acción, se suspenda la aplicación del decreto respecto de ACLISA, y se notifique al Poder Ejecutivo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de Córdoba.

ACLISA nuclea a la mayoría de las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Córdoba, y sus asociados dan prestaciones de salud de todo tipo (consultas, guardias, terapias, cirugías, transplantes, tratamientos oncológicos, etc.).

Durante esta semana se conocieron distintos planteos de entidades en contra del bono. Un caso fue el de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que pidió al ministro de Economía, Sergio Massa, que se prorrogue el pago. Luego, se sumó la Confederación de PyME Constructoras, que mandó una carta a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, donde planteó la imposibilidad del cumplimiento material y objetivo de la retribución no remunerativa “por ser arbitraria y, por ende, ilegítima”.

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