La PSA secuestró 250 toneladas de soja acopiadas para contrabando
Es uno de los datos salientes de los quince allanamientos ordenados por el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat que permitió desarticular una presunta organización de tráfico de granos.
Mientras se aguarda que la Policía de Seguridad Aeroportuaria finalice los informes sobre los allanamientos realizados en Misiones, que permitieron desmantelar una organización de contrabando de soja y maíz a Brasil y que el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat llame a indagatoria a los siete detenidos, surgieron ayer nuevos detalles relacionados al megaoperativo desplegado el viernes.
Fuente consultadas por PRIMERA EDICIÓN ratificaron que el juez de la causa ordenó quince procedimientos en localidades misioneras, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande, en las cuales se concretaron las siete aprehensiones, dos de ellas correspondientes al jefe del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería Nacional y a un subalterno. Todos estarían involucrados en una presunta asociación ilícita para el contrabando de oleaginosa.
Tal como señaló ayer este Diario, las órdenes se libraron en el marco de una investigación iniciada hace poco más de diez meses y que incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos, investigaciones fiscales y que fue llevada adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la cual fueron sospechados los gendarmes y empresarios misioneros y uno de Córdoba.
Se secuestraron múltiples bienes, dinero en efectivo (nacional y extranjero), automóviles, camiones y alrededor de 250 toneladas de soja.
Los detenidos podrán ser indagados a partir de mañana, según las mismas fuentes. Podrían quedar imputados por los presuntos delitos de “asociación ilícita”, artículo 210 del Código Penal Argentino (CPA), “contrabando de exportación agravado por intervención de dos o más personas y por intervención de integrantes de una fuerza de seguridad”, artículo 865, incisos A y C, en función del artículo 864, inciso A del Código Aduanero, “defraudación contra la administración pública”, artículo 174, inciso 5 del CPA, “cohecho activo y pasivo”, 256 y 258 del CPA, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, 248 del CPA, “lavado de activos”, 303 del CPA y “uso de documento falso”, artículo 296 y 292 de CPA. Una vez producida la prueba, necesaria para esclarecer los hechos que se les acusa, se resolverá su situación procesal.
En los quince allanamientos fueron incautados 40 vehículos; armas de fuego; municiones y alhajas, entre otros elementos probatorios.
Durante la investigación, se determinó la existencia de una organización de argentinos que compraba granos, principalmente soja y maíz a productores de Chaco, Córdoba, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, y los trasladaban a Misiones para fraccionarlos en bolsas y cruzar en embarcaciones el río Uruguay, sin aval aduanero alguno y sin tributar ningún tipo de impuestos.
Los investigadores de la PSA pudieron establecer los roles y las responsabilidades de distintos actores, identificando a financistas, transportistas, coordinadores de las maniobras y a quienes se favorecían con la renta obtenida de esas transacciones. Dinero que se habría intentado lavar con complejos turísticos, compra de propiedades (muebles e inmuebles), concesionarias de automóviles y compraventa de moneda extranjera.
Los procedimientos permitieron también el decomiso de 7.174.790 pesos, 51.111 dólares, 600 reales y 50 francos suizos, siete armas de fuego, más de 200 municiones, 36 autos, dos camiones y un acoplado, un colectivo, un tractor, una motocicleta, una cinta transportadora y una máquina de coser bolsas.
También incautaron 23 celulares, 16 computadoras y cinco cámaras digitales, entre otros dispositivos y soportes electrónicos, además de documentación de interés para la causa.